En una entrevista concedida al diario ABC Guilarte señala que «hay una oposición unánime del poder judicial y operadores jurídicos a la ‘lawfare’ que contempla el acuerdo PSOE-Junts.
En su opinión, de activarse el lawfare, «supondría una intromisión del Parlamento en el Poder Judicial, una crítica posterior de lo que un juez haya hecho conforme a la legalidad vigente. Y el problema quizás no afectará tanto a lo decidido. El problema que yo veo es que puede propiciarse una injerencia una vez que se produzca la aplicación práctica por los tribunales de la futura ley de amnistía».
La crítica que se pueda realizar de esa aplicación por parte de quien esté legitimado para hacerla resultará legítima, señala Gil, para quien «lo que sería inadmisible es que el Parlamento revise cómo aplican los jueces esa ley».
«Defenderé siempre cualquier actividad judicial vinculada con la aplicación de futuras leyes aprobadas, al margen de la discusión sobre su constitucionalidad, que puede encauzase por otras vías», afirma. Cree necesaria Guilarte la advertencia del CGPJ pues aunque en otros casos se ha mostrado reticente «esto puede resultar muy peligroso».
«Mi idea personal es que unos tienen que respetar la independencia judicial y otros tenemos que respetar la independencia parlamentaria», afirma el presidente del CGPJ.
Señala que «si ésta afecta a la independencia judicial o a los principios constitucionales del sistema son otros los operadores que deben enjuiciarla, no el CGPJ».
«Yo personalmente, dice, no voy a criticar cualquier ley que emane del Parlamento; en sentido contrario, la aplicación jurisdiccional de las leyes que salgan de las Cámaras tienen que aceptarse parlamentariamente de manera tajante. La independencia y la división de poderes tiene que ser bidireccional». Cuestionado sobre si cree que estamos en el momento más delicado de la democracia en lo que se refiere a las injerencias en el poder judicial, el presidente del alto órgano de los jueces opina que «el acuerdo entre dos partidos y unas declaraciones del presidente del Gobierno todavía creo que se enmarcan en el debate político, del que no soy actor, y por ello no significan una confrontación real con nuestras reglas y principios constitucionales».
Pero añade que «si esto se ve plasmando en iniciativas legislativas más concretas que específicamente cuestionen la independencia judicial y la separación de poderes sí que sería más grave». Ante la escalada de interferencias del poder político en la actividad jurisdiccional Gil opina que «deberíamos hacer autocrítica y analizar si en sentido contrario también acaece, como airadamente se nos imputa».
Pero lo cierto, añade, «es que esto obliga al poder judicial a convertirse casi en un activista político, de uno u otro signo. Yo trato de evitarlo, pero no es fácil». Defiende la legitimidad del CGPJ para cuestionar una decisión política pero aclara que «otra cosa es, en terminología vulgar al uso, el ‘perímetro’ de la legitimidad, que no lo es genéricamente para cuestionar decisiones parlamentarias, sino tan sólo en la medida que éstas apunten a una quiebra de la independencia y del funcionamiento independiente de los órganos judiciales».
Guilarte asevera que «eso es una opción política que se tiene que cuestionar políticamente. Yo no puedo hacer posicionamientos sobre una manera de legislar. Si nos piden informes sería para nosotros lo mejor, pero si no los piden no soy quien para cuestionarlo».
Sobre la renovación del Poder Judicial Vicente Guilarte afirma que «cada vez aspiro con más vehemencia que se produzca, pues lo llevo diciendo mucho tiempo: el sistema actual está absolutamente agotado, tanto en el modo de designación, imposible de acometer ante la falta de acuerdo, como en el modo de ejercicio».
