La Agencia Tributaria ha desplazado al grupo Tragsa a varios inspectores por un periodo de dieciocho meses, un tiempo inusual en este tipo de inspecciones, para que analicen el impuesto de sociedades y retenciones del IRPF de sus trabajadores, así como los salarios, dietas y viajes realizados. En dicha inspección hay un apartado especial dedicado a Jésica Rodríguez, que figuraba en la sociedad como la «sobrina del ministro», al considerar que es un gasto fiscal no deducible abonar retribuciones sin ir a trabajar como la propia Jésica reconoció en el Tribunal Supremo, que aseguró que ni siquiera sabía «dónde estaba su puesto de trabajo». «Inicialmente, a Jésica Rodríguez se le va a exigir la devolución de los sueldos devengados», reconoce fuentes de la empresa pública. «Además, Hacienda ha comunicado la propuesta de sanción a Tragsatec (filial de Tragsa), que deberá abonar una multa por la situación generada por el contrato de J.R.».
Jésica Rodríguez fue enchufada como oficial administrativa en Tragsatec con una retribución de 16.533 euros brutos anuales, el 2 de marzo de 2021, por mediación de la entonces presidenta de ADIF, Pardo de Vera. Su puesto de trabajo, al que nunca fue, estaba ubicado en las oficinas de Adif Alta Velocidad (AV), en la calle Sor Ángela de la Cruz, y dependía directamente de ella. De hecho, Pardo de Vera estuvo pendiente de su desarrollo como demuestra que la responsable técnico del proyecto de la empresa pública, Barbancho, enviase un correo transmitiendo una conversación con Zaldívar, director del proyecto de Adif, donde cuenta que desde presidencia de Adif le preguntaban «qué pasa con Tragsa, que le estamos obligando a Jésica a hacer muchas cosas».
