La atonía del mercado de vehículos eléctricos se suma a una transformación tecnológica que está reconfigurando las cadenas de suministro y las fábricas en el continente. Todo mientras desde las instituciones europeas se presiona para conseguir descarbonizar a la industria en 10 años. Sin embargo, echarse para atrás podría ser peor que enfrentar la tormenta, ya que retroceder en el objetivo de cero emisiones para 2035 podría costar al sector un millón de empleos en el continente.
El cálculo lo ha hecho la organización ecologista T&E, que ha publicado este martes un informe que modela el impacto positivo que puede tener el mantener e implementar las políticas de cero emisiones de la Unión Europea para 2035. En este sentido, la contribución de la cadena de valor de la automoción, es decir, el Valor Añadido Bruto a la economía europea, de mantenerse firme Europa frente a estos objetivos aumentaría un 11% en una década comparado con la situación actual.
El informe explica que, si bien esta dura transición puede implicar la pérdida de empleo, como ya se está viendo en la reconversión de diversas plantas en el continente, esta transformación podría significar también la creación de más de 100.000 nuevos puestos de trabajo en la producción de baterías para 2030, y 120.000 en el sector de carga para 2035. Esto vendría de la inversión en la cadena de valor por cada país, como es el caso de España en Zaragoza, con la gigafactoría que abrirá Stellantis con CATL.
Según las estimaciones que hace el informe, mantener el nivel actual de empleo en el sector automotriz (aproximadamente 3,46 millones de puestos de trabajo en plantas de ensamblaje, proveedores de componentes y fábricas de baterías) requerirá un aumento en los volúmenes de producción. En un escenario de política industrial donde hay incentivos europeos coordinados, inversiones específicas y programas de capacitación apoyan la producción de vehículos eléctricos, la organización prevé 3,31 millones de empleados en 2035, 144.000, o un 4 % menos, en comparación con 2025. Aunque la gestión de esto puede llevarse mejor si el número de trabajadores que se jubilan supera el número de posibles despidos debido a la electrificación.
Por otro lado, la Unión Europea podría producir también hasta 900 GWh de baterías al año (frente a los 187 GWh actuales) para el final de la década si mantiene su objetivo de cero emisiones e implementa estrategias industriales de apoyo. Incluso, la producción económica de todo el sector automovilístico podría multiplicarse por cinco, alcanzando los 79.000 millones de euros dentro de diez años.
T&E sostiene estas cifras basándose en los 40 proyectos actuales de inversión de hasta 30.000 millones de euros que se están desarrollando en 10 países europeos, entre los que se encuentra España, y en donde hay inversiones preparadas para el desarrollo de una cadena de valor para el vehículo eléctrico (gigafactorías de baterías, fábrica de automóviles o de refinamiento de litio). De hecho, el país es uno en los que más desarrollo hay en este sentido, con inversiones calculadas en los 28.010 millones de euros con 24 proyectos.
Con todo, la industria automovilística podría volver a producir 16,8 millones de coches al año, lo que volvería a poner al sector en los máximos tras la crisis financiera de 2008. Por el contrario, echarse atrás en estas políticas o debilitar la legislación actual implicaría la disminución de la contribución de la cadena de valor de la automoción europea a la economía en 90.000 millones de euros para 2035. Asimismo, podrían perderse hasta dos tercios de las inversiones previstas en baterías en la UE, mientras que la industria de la carga vería esfumarse 120.000 millones de euros en ingresos previstos durante los próximos diez años.
La organización contabiliza 13 proyectos clave para la producción de vehículos eléctricos en la UE, cinco consisten en plantas nuevas, mientras que los ocho restantes implican la reutilización de líneas de montaje existentes. T&E ha señalado que si todos estos proyectos se concretan, Europa aumentará su capacidad actual en al menos 2,1 millones de vehículos eléctricos al año, lo que podría elevar la producción total a 5,1 millones de unidades ya en 2027, suficiente para satisfacer la demanda. Esto se sumaría a los aproximadamente 1,8 millones de vehículos eléctricos producidos en toda Europa en 2024.
No obstante, algunos proyectos de la lista corren el riesgo de retrasarse o incluso cancelarse debido a la incertidumbre sobre las perspectivas futuras del mercado. El avance de estos planes dependerá de factores como el entorno político (mercado de vehículos eléctricos, medidas industriales, etc.), que actualmente carece de certidumbre regulatoria. Además, las instalaciones de vehículos eléctricos existentes sean completamente seguras, ya que la falta de un mercado de vehículos eléctricos y de una política industrial también puede implicar su reducción gradual o incluso su cierre.
En España, la organización identifica tres proyectos clave en la fabricación de vehículos eléctricos, dos de ellos los anota como de riesgo bajo y uno de riesgo medio en perder la inversión. Los dos primeros son en la planta de Pamplona de Volkswagen, donde hay una inversión anunciada de 1.000 millones de euros, y una capacidad estimada de 300.000 unidades, y la de Chery y EV Motors en la Zona Franca de Barcelona, con una inversión de 400 millones de euros y una capacidad planeada de 15.000 unidades. La que anota en un nivel mayor de riesgo, «si las condiciones económicas o políticas cambian bruscamente», es la de Martorell de Seat, que se está reconvirtiendo con una inversión de 3.000 millones y tendrá una capacidad planeada de 500.000 unidades.
Si la UE reduce su estándar de CO2 para automóviles de 2035 y no implementa medidas adicionales de política industrial, perdería 11.000 millones de euros de inversión en la fabricación de vehículos eléctricos, no conseguiría asegurar la producción de baterías de 580 GWh (equivalente a una inversión de 72.000 millones de euros) y perdería 125.000 millones de euros adicionales en contribución al PIB del sector de la carga durante el período entre 2025 y 2035. Este es el coste de oportunidad de mantener vigente la actual política del Pacto Verde, concluye el informe.
