Según un comunicado del departamento que dirige Grande-Marlaska, así se lo trasladó el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo.
La polémica surgió después de que varios medios informaran de la existencia de un documento elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y remitido a la Audiencia Nacional, en el que se apuntaría a una participación de agentes marroquíes en la organización de los accesos a la ciudad autónoma.
Tras conocer esas informaciones, Marlaska solicitó explicaciones a Pardo y preguntó por qué el supuesto informe no había sido trasladado al Consejo de Seguridad Nacional. Interior señala que la jueza María Tardón ordenó a los investigadores no informar a sus superiores sobre la elaboración y contenido del documento, por lo que la dirección de la Policía no tuvo conocimiento previo del mismo.
Una vez que la magistrada autorizó el acceso de los mandos policiales al expediente, Pardo recabó la documentación de las comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras. Según Interior, tras revisarla concluyó que «no existe informe policial alguno» que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los hechos ocurridos en Ceuta.
El ministerio también rebajó la relevancia de una alerta emitida por el CENIF el 29 de julio. Según la versión oficial, se trató de una comunicación habitual de riesgo que no incluía referencias a una entrada masiva inminente, aunque otros documentos policiales conocidos en los últimos días alertaban de un elevado riesgo de accesos irregulares en Ceuta y Melilla.
Marlaska sostuvo además que, de haber existido un informe con implicaciones para la seguridad nacional, este debería haberse puesto inmediatamente en conocimiento de los órganos responsables de la gestión de la crisis. Mientras tanto, la Audiencia Nacional continúa analizando la documentación remitida para determinar el alcance de los hechos investigados.
