Bajo el epígrafe «Orden incoación información reservada Gral Cortes», la cúpula policial justificaba el expediente alegando que, «a la vista de las informaciones publicadas en los medios de comunicación, relativas a la filtración de mensajes privados del Sr Presidente de Gobierno de España», era necesario determinar el esclarecimiento de los hechos. Pero, al parecer, el objetivo real no era proteger la confidencialidad, sino intimidar al equipo de Balas, sembrando la sospecha sobre la unidad de élite encargada de fiscalizar al Poder.
A pesar de que el propio DAO tenía pleno conocimiento de que el origen de las informaciones difundidas en los medios no procedía en absoluto de los despachos de la UCO, Manuel Llamas insistió en elevar el asunto a las autoridades judiciales competentes que instruían las causas. La estrategia, no obstante, chocó frontalmente con la legalidad. Y el magistrado del Tribunal Supremo Puente «manifestó de forma tajante que no autorizaba la investigación a los agentes y que si se llegaba a realizar la apertura de la información reservada procedería a abrir diligencias contra la persona que ordenó la apertura». La firme advertencia judicial provocó el pánico en la dirección del cuerpo. Ante el riesgo inminente de acabar imputado por prevaricación u obstrucción a la justicia, el DAO ordenó el carpetazo inmediato de la investigación interna el 26 de mayo.
La pasada semana, el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste, ratificado ante el juez Santiago Pedraz que el ex número dos del cuerpo pidió «ponerse de perfil» y no ser «proactivo» en casos con «afectación política». Las mismas fuentes señalan que el general Yuste ejerció durante su etapa como un jefe ejemplar, actuando de parapeto: recibió fortísimas presiones políticas de la dirección del cuerpo, pero jamás las transmitió a sus subordinados para no contaminar el rigor de los informes. Asimismo, el actual jefe de la UCO, el general Merino, mantiene la misma línea de integridad institucional, blindando a los investigadores y permitiendo que trabajen con absoluta libertad, independientemente del carné político de los investigados.
