En concreto, la inversión ejecutada por el Estado en Cataluña en 2023, según cifras extraídas de la Intervención General, llegó a los 1.028 millones de euros. En aquel año, las inversiones ejecutadas en el conjunto de autonomías, esto es, la inversión total regionalizada, aumentó un 17%. Este incremento fue prácticamente el mismo que el registrado para el total de inversiones, que contabiliza proyectos no territorializables. El desembolso en obras públicas como ferrocarril y puertos en Cataluña puede ponerse en relación con otras magnitudes. Así, el peso de la inversión liquidada en la comunidad en 2023 supuso el 9,3% de la inversión total regionalizada. Ciertamente, este porcentaje queda por debajo del peso del PIB catalán (18,8%) y de su población (16,5%) en el conjunto de España. Pero también es cierto que, entre 2022 y 2023, la inversión del Estado en Cataluña se elevó un 8,6%.
Este crecimiento fue superior al de la inversión destinada a la Comunidad de Madrid, que si bien rozó los 2.000 millones de euros solo avanzó un 5,2% en términos interanuales. En números absolutos, solo Madrid, Andalucía y Galicia recibieron más dinero que Cataluña en 2023.
El peso relativo medio de las inversiones ejecutadas en Cataluña, entre los años 2013 y 2023, ha sido del 10,1%. La serie muestra oscilaciones que van desde un mínimo del 7,2% en 2014 hasta un máximo del 13,2% en 2017. No se perciben cambios acusados como los que denuncia el independentismo y, por otro lado, estas fluctuaciones también afectan a otras comunidades.
El principal problema de la inversión estatal no es tanto de volumen como de materialización. Como ha denunciado la patronal Foment del Treball, la brecha entre los recursos puestos sobre el papel y los que realmente se ejecutan lleva años agrandándose en Cataluña, acumulando un déficit inversor que retrasa la puesta en marcha o actualización de infraestructuras críticas. De acuerdo con los datos oficiales, el grado de ejecución de las inversiones estatales en Cataluña, entendido como el cociente entre la inversión liquidada y la presupuestada, se situó en 2023 en un 44,6%, casi la mitad que el grado de ejecución del total regionalizado, que fue de un 82,6%. En gran medida, este diferencial se explica por el mayor protagonismo de las empresas públicas en el agregado inversor del Estado en Cataluña, frente a los ministerios y organismos autónomos que exhiben tasas de ejecución más eficientes.
El caso paradigmático es el de Adif. Su inversión presupuestada escaló hasta un 47% del total presupuestado en Cataluña en 2023. Sin embargo, la empresa pública de la red férrea tan solo tuvo un grado de ejecución del 24,1%, menos de una cuarta parte del valor comprometido.
También Puertos del Estado mostró un desempeño mejorable, con una ejecución que se estancó en el 29,9%. Por el lado contrario, Renfe Operadora invirtió un 127,9% de lo presupuestado.
La victoria del PSC en Cataluña ha traído consigo el pacto de nuevas inversiones entre Generalitat y Estado que se suman a algunos compromisos heredados de la etapa de ERC. De hecho, una de las últimas iniciativas confirmadas por el Govern es Innofab, la fábrica de semiconductores que se ubicará en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y que empezó a tomar forma durante la etapa de Pere Aragonès que costara 400M€ y se pondrá en marcha en 2026. Este complejo se sumará a otras apuestas tecnológicas como la creación de una autodenominada fabrica de IA a la que el Estado destinará unos 62 millones de euros (el presupuesto total asciende a 174 millones sumando otras aportaciones).
Respecto a Rodalies, a principios de año se anunciaron 77 millones de euros adicionales para mejorar la calidad del servicio de forma urgente. Conviene recordar que Renfe ha prometido más de 6.300 millones de inversión en la década 2020-2030 en Cataluña.
El PSC también ha heredado otras promesas del Gobierno como los 467 millones para financiar las nuevas desaladoras Tordera II y Foix, cuya ejecución arrancará este 2025.
