Esta propuesta legislativa fue explicada, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, por el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Bolaños. El ministro indicó que esta reforma permitirá la “ampliación y fortalecimiento” de las carreras fiscal y judicial, al tiempo que destacó que supone la primera reforma “de calado” de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que entró en vigor en 1985.
Bolaños indicó que, entre otros cambios, esta norma busca que se haga efectivo que el 25% de los jueces accede a la carrera por el cuarto turno, lo que permite incorporarse a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio que no hacen la oposición general.
El ministro indicó que “no ha funcionado en la práctica” lo establecido en la ley en vigor sobre el cuarto turno, que buscaba que uno de cada cuatro jueces lograra el puesto por este procedimiento. El anteproyecto contempla que, por primera vez, este sistema se extienda a los fiscales.
Al mismo tiempo, el anteproyecto consolida y protege las Becas SERÉ al darles rango legal. Son ayudas dirigidas a los opositores de los principales cuerpos de la Administración de Justicia, cuya cuantía será equivalente, al menos, al SMI en cómputo anual, y tendrán una duración de hasta 4 años. Igualmente, convierte el Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación de oposiciones que contará con distintas delegaciones, con el fin de reducir la brecha de oportunidades derivada del lugar de residencia.
Asimismo, los jueces y magistrados en activo necesitarán el reconocimiento de la compatibilidad por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la preparación de oposiciones, además de establecerse un registro público de preparadores.
Por otro lado, se reforma el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, de forma que se adaptan los mecanismos de selección para acercarlos a la realidad del desempeño judicial y garantizar la igualdad de oportunidades. En este sentido, destacan novedades como el anonimato en la corrección de las pruebas escritas, o la sustitución de un ejercicio memorístico en la oposición libre por un caso práctico que pondere la capacidad de razonamiento.
La norma establece fórmulas que permiten dotar de recursos humanos suficientes a la Administración de Justicia, dimensionados en función de la carga de trabajo de los tribunales. Entre ellas, favorece la promoción a través de ascensos por antigüedad; avanza en la especialización y el desarrollo profesional de jueces y magistrados, por ejemplo, los de ámbito mercantil o de violencia sobre la mujer.
