La exconsellera en la causa que investiga lo sucedido en la DANA y la posibilidad de responsabilidades por parte de cargos públicos. Pradas lo hace en calidad de imputada ante la jueza de Catarroja que instruye el caso, el mismo día que junto al otro imputado en la causa, el exsecretario de Emergencias, Argüeso.
Pradas solo ha respondido a preguntas de su abogado. En su declaración, ha explicado quiénes eran las personas que componían el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) y ha manifestado que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias. También ha asegurado que ella no dirigía nada.
Además, la exconsellera ha explicado que hay muchos técnicos que se deben coordinar para atender este tipo de emergencias, entre ellos autonómicos y del Gobierno central, y ha asegurado que el director del Mando Avanzado era José Miguel Basset, ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos.
La jueza instructora acordó la citación de Pradas porque era la persona que el día de la riada tenía atribuida como máxima autoridad el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población y, respecto a Argüeso, apuntaba que era «necesaria» su declaración dada su «relevancia orgánica y, por ende, decisoria».
Tras conocerse estas imputaciones, Pradas emitió un comunicado en el que subrayaba que «desde el primer minuto hasta el último» del día 29 estuvo atendiendo las funciones institucionales que correspondían según la normativa aplicable. Pradas recalcó que «siempre» estará a disposición de «poder ayudar a que se conozca toda la verdad sobre las circunstancias que rodearon a la gestión de la emergencia de la catástrofe natural». Este viernes tendrá oportunidad de responder a las preguntas de la jueza, fiscal, acusaciones y defensas.
En el auto de citación como investigados, la jueza afirmaba que el aviso a la población por el sistema Es-Alert a las 20.11 horas del 29 de octubre «fue tardío y erróneo»; señalaba que la dana «no fue un fenómeno meteorológico imprevisto», ya que su avance y desarrollo fue anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) «hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades».
A juicio de la magistrada, esas previsiones «debieron llevar a una convocatoria en la mañana» de ese día del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), «al objeto cuanto menos de avisar a la población». El auto desgranaba la información oficial y detallada sobre la alerta meteorológica que ofreció durante toda la jornada la televisión autonómica À Punt, incluidas diversas conexiones en directo desde localidades afectadas como Chiva o Utiel, donde se daba cuenta minutos después de las 15 horas del desbordamiento del barranco del Gallo (que toma caudal abajo el nombre del Poyo) o del río Magro, respectivamente. De este modo, para la titular del juzgado, la convocatoria del Cecopi, a las 17 horas de ese día, «se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor».
Según la magistrada, el Cecopi «es un órgano de coordinación» en materia de emergencias con otras administraciones, pero «ello es completamente independiente de las decisiones que se pueden tomar en el ámbito de protección civil por quien ostenta no solo la competencia exclusiva, sino la posibilidad de llevar a cabo la comunicación a la población de las medidas de protección».
La juez entiende que los anuncios sobre la «gravedad de la situación» se produjeron «en diversos ámbitos y con una antelación suficiente», a través de Aemet, las llamadas al teléfono de emergencias de la Generalitat 112, los medios de comunicación o la Confederación Hidrográfica del Júcar.
