En concreto, las formaciones independentistas, en negociaciones con Pedro Sánchez para su investidura, defienden que la ley debe permitir el traspaso de las competencias íntegras de la Agencia Tributaria de Cataluña por parte del Estado para recaudar todos los impuestos y fijar “una cuota de solidaridad entre Cataluña, como nación, y el Estado español, y establecer como base el principio de ordinalidad”.
Así lo recogen en las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Cataluña, que han registrado este lunes en la Cámara, en las que también piden “reparar la deuda histórica del Estado con Cataluña” y proponen la condonación de la totalidad de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
También cifran en 456.000 millones de euros la “deuda histórica del Estado con Cataluña”: 50.900 millones de déficit en materia de infraestructuras; 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones entre 1982 y 2022. En relación al FLA, consideran que supone más de 73.000 millones de euros, y reclaman el pago de la disposición adicional tercera del Estatut para poder ejecutar “las infraestructuras pendientes, en especial, el Corredor Mediterráneo”.
Además, piden una compensación por infraestructuras no ejecutadas durante el periodo 2014-2023 en forma de encomienda de gestión y proponen que el Estado ceda el 19% de los fondos europeos Next Generation, con efectos retroactivos.
En materia de pensiones, plantean impulsar un sistema propio y crear la Agencia de Seguridad Social Catalana así como una compensación por “infrafinanciación estructural” en el ámbito de la sanidad. En la propuesta solicitan que se trasladen las conclusiones y propuestas de esta comisión en los órganos adecuados de la UE para que puedan tenerlos en cuenta “en una negociación de activos y pasivos en una hipotética negociación para la independencia de Cataluña”.