Una situación que se agravó con el parón que supusieron las huelgas de la Administración de Justicia de 2023. Así, lo ha anunciado en un acto informativo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), con quien la Institución Judicial ha firmado un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambas entidades en el ámbito de la formación y la divulgación jurídica, adquiriendo el compromiso de fomentar actividades conjuntas que beneficien tanto a los profesionales del Derecho como a los de la comunicación jurídica.
El Decano del ICAM explicó que en estos 4.800 millones de euros se deben al dinero que se les debe a ciudadanos y empresas por decisiones judiciales, así como las costas y los honorarios profesionales de los abogados. «La falta de entrega de estas cantidades está causando problemas financieros a empresas y profesionales, e incluso puede llevar a la quiebra a algunas empresas», ha explicado.
Además, ha destacado que, en algunos casos, como el juzgado 101 de Madrid, hay cientos de millones de euros de los ciudadanos sin reintegrar como consecuencia de la exposición de cláusulas abusivas, lo que genera intereses para la Administración en lugar de para los ciudadanos.
De esta forma, el ICAM propone una modificación normativa para que las entidades que operen las cuentas de consignación judicial generen intereses en favor de los ciudadanos y las empresas, similar a cuando los ciudadanos deben intereses a la Administración.
