En la misiva que ha enviado a García Ortiz, el exasesor de José Luis Ábalos quiere que el máximo representante de la Fiscalía le detalle, «como parte que podría verse perjudicada», los detalles de ese pacto y si fue a consecuencia de este que Anticorrupción solicitó el pasado noviembre su libertad en la Audiencia Nacional –que el juez acordó inmediatamente–]] tras su «confesión» ante el juez Ismael Moreno.
Koldo García sospecha que detrás de ese acuerdo entre Anticorrupción y el comisionista de la trama está «un alto cargo» de la UCO, a quien insta al fiscal general a identificarlo «aunque sea por su TIP» (tarjeta de identificación personal.
Para el investigado, resulta relevante conocer la identidad de ese mando de la Guardia Civil para saber si forma parte o no del equipo policial que investiga el supuesto reparto de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Y, en su caso –añade–, «qué jerarquía pudiera tener sobre los agentes que hayan sido autores de los informes existentes o futuros».
Según pone de relieve en esa carta, el hecho de que un miembro de la UCO «se encuentre en colaboraciones, acuerdos o pactos con uno de los investigados podría afectar a su imparcialidad y neutralidad». Para Koldo, ese acuerdo resulta evidente, incluso por las «declaraciones expresas y reiteradas» del comisionista, y tuvo lugar en la sede de la Fiscalía Anticorrupción en presencia del fiscal jefe de la unidad, Alejandro Luzón, y de un alto cargo de la UCO.
Aldama –que fue puesto en libertad en el «caso Hidrocarburos» tras denunciar el supuesto pago de sobornos en la Audiencia Nacional e involucrar a ministros y altos cargos del PSOE– ha aludido a ese pacto con la Fiscalía, subraya el exasesor de Ábalos, «no solo en los medios de comunicación tanto escritos como de TV y radio», sino también en la propia «sede judicial».
En esa misiva, alude a un artículo de «The Objective» del pasado 14 de febrero según el cual –refiere– esa colaboración pasaba porque el comisionista «aportara documentación en su poder sobre la presunta red corrupta que implicaba a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez y se autoinculpara en asuntos concretos sobre su participación en el caso mascarillas».
Pese en cuanto a esas acusaciones y al hecho de que, ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, «llegó a apuntar incluso a altos cargos del Gobierno», Koldo precisa que el instructor «no cree» al comisionista «y niega que haya indicios sólidos de que pagó comisiones a Ábalos», aludiendo a un auto del pasado 10 de febrero, por lo que «llegó a solicitar al Sr. Aldama que aportara documentos que acreditaran lo declarado hasta ahora».
Por este motivo, explica, solicita a la Fiscalía General información «lo más detallada posible, que no perjudique a la instrucción ni a la investigación», sobre ese posible pacto entre la Fiscalía Anticorrupción y el empresario auspiciado por la UCO, «que son los que están interpretando y redactando los informes» en la causa.
Koldo García se despide trasladando a García Ortiz su «más distinguida consideración» y ofreciéndose para aclarar cualquier cosa que estime procedente.
