La magistrada también ha solicitado informe a la Fiscalía tras la querella presentada por Abogados Cristianos por presuntos delitos de prevaricación y desórdenes públicos.
En su resolución, la juez considera que los hechos denunciados podrían presentar indicios de infracción penal y acuerda practicar las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y las posibles responsabilidades.
La investigación se centra en unas alertas remitidas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta. Según la documentación aportada, el CNI advirtió de una convocatoria difundida en redes sociales para acceder irregularmente a la ciudad autónoma a través del espigón de El Tarajal y por vía marítima.
El entonces jefe de gabinete de Pérez Triano declaró ante la Audiencia Nacional que trasladó esas advertencias a su superior, aunque el exdelegado aseguró posteriormente que nunca tuvo conocimiento de dichos avisos. El testigo puso además su teléfono móvil a disposición de los investigadores y señaló la existencia de comunicaciones con el CNI que no habrían sido desclasificadas.
Abogados Cristianos ha solicitado asimismo la declaración como testigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque la magistrada no se ha pronunciado todavía sobre esta petición.
La Audiencia Nacional trata ahora de determinar qué información manejaban las autoridades antes de la llegada masiva de inmigrantes y qué decisiones se adoptaron en respuesta a las advertencias de los servicios de inteligencia.
