Tras ocho años de Gobierno, el resultado es una combinación preocupante de mayor presión fiscal, deuda récord y escaso margen de maniobra para el futuro.
Según los últimos datos del Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas alcanzó los 1,744 billones de euros en julio de 2026, equivalente al 99,9% del PIB. Aunque la ratio sobre la economía se ha reducido respecto a los máximos de la pandemia, el volumen total de deuda continúa en máximos históricos.
Al mismo tiempo, distintos estudios sitúan en más de un centenar las subidas fiscales y de cotizaciones aprobadas desde 2018. El más reciente del Instituto Juan de Mariana cifra en 141 los aumentos tributarios y de cotizaciones durante la etapa de Sánchez. Incluso verificadores independientes han confirmado que existen informes que contabilizan al menos 81 subidas fiscales y de cotizaciones en los primeros años de la legislatura.
La contradicción es evidente. Con una recaudación tributaria en niveles récord y una presión fiscal creciente, el Estado no ha logrado eliminar el déficit estructural. Las previsiones siguen situándolo en torno al 2,5%-2,7% del PIB, lo que obliga a seguir recurriendo al endeudamiento.
El problema no es solo el presente. La verdadera cuestión es la herencia que queda. Cada euro de deuda emitido hoy limita las opciones del mañana. El próximo Gobierno se encontrará con una factura de intereses más elevada, un gasto público cada vez más rígido y menos capacidad para bajar impuestos, impulsar la inversión o responder a una crisis económica.
El Ejecutivo ha convertido la subida de ingresos en el eje de su política fiscal, pero el incremento de la recaudación no ha venido acompañado de una reducción proporcional de la deuda ni del déficit. En términos políticos, significa trasladar el coste de las decisiones actuales a quienes gobiernen después.
La consecuencia es clara: España puede llegar al final de la década con unas cuentas públicas aparentemente estabilizadas, pero tras haber consolidado una carga fiscal más alta y un volumen de deuda que seguirá cerca del 100% del PIB.
La herencia del sanchismo no será únicamente una cuestión ideológica. Será, sobre todo, una herencia presupuestaria: más impuestos para los ciudadanos, más deuda para el Estado y menos libertad de actuación para el próximo Gobierno. Esa es la factura que acabarán pagando quienes vengan después.
