No obstante, en estos últimos años, la reversión del proceso de convergencia con Europa, en términos de renta per cápita y de productividad, podría mostrar un deterioro competitivo y comprometer el potencial de crecimiento futuro, pese a que, en la actualidad, se presentan tasas de crecimiento del PIB y de empleo superiores a la media de los países de nuestro entorno.
El impulso procedente tanto del consumo privado y público como de la actividad externa de los servicios podría empezar a dar síntomas de agotamiento si no se acometen reformas para reactivar el crecimiento de nuestra productividad y no se corrigen los elevados niveles de desempleo y déficit y endeudamiento público.
Según el Índice de Competitividad del International Institute for Management Development (IMD), en 2024 España ha experimentado una llamativa caída al puesto 40 de entre 67 países (en 2023 estábamos en la posición 36), ocupando el lugar 19 de 30 países europeos (la 18 en 2023). Una situación preocupante, porque, lejos de atajarse, vemos cómo se viene agravando año tras año. Entre 2020 y 2023, los tipos de cambio efectivo real basados en precios de bienes y servicios destinados a la exportación muestran una pérdida significativa de competitividad. La participación de manufacturas industriales dentro de estas exportaciones muestra las dificultades competitivas de este sector, en el que la estructura de costes se ve más afectada por el encarecimiento de los precios de los bienes intermedios y de capital.
Tras la crisis de la covid-19 y la consecutiva derivada de los distintos conflictos geopolíticos, nuestros costes laborales unitarios se han encarecido en términos relativos con respecto a los países de la eurozona, como resultado de una peor evolución de la productividad, lo que ha supuesto una pérdida de competitividad medida a través del tipo de cambio efectivo real de este indicador en dicho periodo (2020-2023). Además, la competitividad de una economía se ve plenamente influenciada por el contexto económico e institucional. De esta forma, el análisis de indicadores como el Índice de Competitividad Fiscal, la eficiencia del gasto público, la estabilidad monetaria o la facilidad de acceso a la financiación, entre otros, concluyen con que estos indicadores sintéticos, junto con el detrimento de la inversión durante el último periodo y, en particular, un menor nivel de gasto en I+D al realizado por nuestros principales competidores, serían algunos de los principales causantes de la clara desaceleración experimentada en los niveles de competitividad de la economía española.
Los principales desafíos que deberá abordar la economía española son reducir la carga impositiva, asegurar un marco regulatorio estable para las empresas, invertir los fondos europeos de forma eficiente, reforzando la productividad y configurando una economía más resiliente. Además, ante el contexto globalizado actual, España debe incrementar sus esfuerzos por impulsar la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes, adaptar el marco educativo a las nuevas necesidades de las empresas y aumentar la inversión en I+D, fortaleciendo la coordinación entre los diferentes actores y promoviendo la transferencia de conocimiento. Por lo tanto, la competitividad de España afronta varios desafíos cruciales que deben abordarse para asegurar su posición en el ámbito internacional. En este análisis específico de indicadores de la competitividad, se puede comprender cómo, para mejorar nuestra competitividad, hay que ir más allá de los precios y los costes. En consecuencia, es crucial abordar los principales desafíos, para poder recuperar y aumentar la productividad y la renta per cápita en España, contribuyendo al bienestar general de la sociedad.
▪ Según el Índice de Competitividad del International Institute for Management Development (IMD), en 2024 se ha experimentado una llamativa caída al puesto 40 de entre 67 países, frente al puesto 36 del año anterior. Dentro del ámbito europeo, España ocupa el lugar 19 de 30 países europeos, frente al 18 en 2023.
▪ Los desafíos que debemos abordar son reducir la carga impositiva; asegurar un marco regulatorio estable para las empresas; invertir los fondos europeos de forma eficiente, reforzando la productividad; y configurar una economía más resiliente. Así mismo, España debe incrementar sus esfuerzos para impulsar la digitalización de las empresas, adaptar el marco educativo a las nuevas necesidades del tejido productivo y aumentar la inversión en I+D.
