Así lo ha decidido la Junta de Fiscales de Sala -integrada por 32 fiscales- tras casi seis horas de intenso debate que ha evidenciado también las posiciones críticas de algunos fiscales que han respaldado a la fiscal del caso, María de la O Silva, partidaria de practicar diligencias de investigación para esclarecer quién dio la orden de hacer público el polémico comunicado.El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha participado en la sesión al haberse abstenido del asunto después de que asumiera la responsabilidad última de la nota de prensa cuestionada por la defensa del empresario. Cuatro miembros de la Junta -Antonio Vercher, Elvira Tejada, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y Jesús Tirado- han excusado su asistencia.
La fiscal María de la O Silva forzó la intervención de la Junta de Fiscales de Sala al discrepar de la orden de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, «número dos» de la Fiscalía, que le instó a archivar la querella que presentó la pareja de Ayuso contra dos fiscales por una supuesta revelación de secretos al revelar las negociaciones de su defensa para cerrar un acuerdo de conformidad, por el que según trascendió ayer González Amador reconocía el delito fiscal a cambio de una pena de ocho meses de cárcel y el pago medio millón de euros para evitar el juicio.
