El Ministerio Público considera que la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre introduce un nuevo escenario que debe ser tenido en cuenta. Según sostiene, la ejecución de la medida cautelar podría generar problemas de seguridad jurídica, ya que el censo electoral utilizado para estos comicios quedó cerrado el 1 de agosto y apenas admite modificaciones.
La Fiscalía plantea al Supremo que valore la posibilidad de no aplicar las revisiones del censo durante el proceso electoral, al entender que la situación actual altera el equilibrio de intereses que debe analizarse al adoptar medidas cautelares.
La petición llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo suspendiera cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la ley de nietos. La medida no afecta a las nacionalidades ya concedidas ni a los expedientes en trámite, pero sí limita el ejercicio del derecho al voto en determinados supuestos.
La Abogacía del Estado también ha solicitado el levantamiento de la suspensión, argumentando que resulta materialmente imposible revisar a tiempo los expedientes afectados antes de las elecciones. Ahora, el Tribunal Supremo deberá decidir si mantiene, modifica o revoca la medida cautelar a la vista de las alegaciones recibidas.
