En una entrevista con eldiario.es, explicó que el Ejecutivo está analizando las iniciativas pendientes para determinar cuáles pueden tramitarse a través de la Diputación Permanente o mediante el propio Gobierno.
García Ortiz fue condenado el pasado 9 de diciembre a dos años de inhabilitación, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros, por revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Sánchez también defendió la ley de amnistía y admitió que su cambio de postura respecto a 2023 respondió a la posibilidad de facilitar una legislatura de coalición progresista. Sobre los casos que afectan al PSOE, reconoció la existencia de «corrupción real», aunque denunció también lo que considera una estrategia de judicialización impulsada por organizaciones vinculadas al PP y Vox.
En relación con Ceuta, afirmó que la normalidad se recuperará con apoyo del Gobierno y sostuvo que las presuntas agresiones a migrantes durante los episodios recientes deben investigarse. Asimismo, reiteró que Ceuta y Melilla son «incuestionablemente españolas», aunque defendió mantener la relación estratégica con Marruecos.
El jefe del Ejecutivo expresó además su preocupación por posibles injerencias extranjeras en las elecciones del 29 de noviembre y pidió al Tribunal Supremo que resuelva antes de los comicios la situación de los afectados por la paralización de la llamada ley de nietos para garantizar su derecho al voto.
De cara a la campaña electoral, Sánchez planteó una disyuntiva entre «derechos o recortes» y reclamó medidas más contundentes en materia de vivienda. Tras ocho años en La Moncloa, defendió que España necesita «más avances sociales y menos confrontación política».
