En su escrito el partido argumenta que la propia Abogacía del Estado ha reconocido la imposibilidad material de identificar, en un plazo razonable, cuáles de los casi 169.000 expedientes afectados responden al supuesto contemplado por la suspensión acordada por el Alto Tribunal.
El presidente de la formación, Luis María Pardo, sostiene que celebrar los comicios sin resolver esta situación podría afectar a la objetividad del censo y a la plena efectividad de la resolución judicial. A su juicio, aplazar las elecciones sería la única fórmula para preservar las garantías del proceso electoral.
Por su parte, la Abogacía del Estado señala que no es posible diferenciar con rapidez dentro del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos de aquellos que la poseen por otras vías. Según su criterio, o se actúa sobre todo el censo afectado o sobre ninguno, dado que la distinción resulta inviable en los plazos previstos por la legislación electoral.
La petición de Iustitia Europa llega después de que el Supremo acordara la suspensión cautelar de algunos efectos de la norma y mientras continúa el debate sobre el impacto de esa decisión en el proceso electoral.
