Los sindicatos fueron convocados la pasada semana por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para que valoraran la última propuesta de Hacienda para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo.
Desde el ministerio dirigido por Díaz aseguraron que la propuesta de Función Pública no cumplía con los compromisos que el Gobierno adquirió en el Plan estratégico de la Inspección que pasaban, según han citado, «por reforzar la estructura territorial», además de que inspectores y subinspectores «tuvieran una mejora de sus condiciones para mejorar el cumplimiento de la vigilancia de la legislación laboral».
Asimismo, el Ministerio entiende que esta nueva oferta de Hacienda, con la que tratan de desactivar el conflicto con los sindicatos de la Inspección, no atiende las necesidades territoriales del organismo y «concentra sus escasos esfuerzos en reforzar la plantilla de puestos directivos».
Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda han indicado que la relación de puestos de trabajo del organismo es una «decisión de Gobierno», acordada entre los ministerios, y que, por tanto, «no es objeto de negociación colectiva». «Es un trabajo interno del Gobierno. Los ministerios no son mediadores con las organizaciones sindicales para abordar un expediente de RTP», subrayan desde Hacienda.
Las mismas fuentes indican, además, que en mayo de este año se autorizó la inclusión en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de los ejercicios 2023, 2024 y 2025 de 781 nuevos puestos de trabajo en la Inspección, además de un nuevo crédito de 6,15 millones de productividad extraordinaria para toda la plantilla.
Adicionalmente, a este complemento se suma que todo el personal de la Inspección de Trabajo se beneficia de las subidas salariales contenidas en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado con CCOO y UGT en octubre de 2022, que contempla un alza salarial del 3,5% en 2022, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, junto a un 1,5% adicional variable. Subidas que, en acumulado, pueden alcanzar el 9,8%, recuerda Hacienda.
Ante la falta de acuerdo y las discrepancias entre diferentes ministerios, CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess, los sindicatos que conforman la plataforma de la Inspección, han optado por continuar con las protestas y a partir de mañana comenzará la huelga indefinida del colectivo para pedir al Gobierno que termine la legislatura cumpliendo con el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, algo con lo que se comprometieron y publicaron en el Boletín Oficial del Estado del día 3 de diciembre de 2021.
«No estamos en tiempo de descuento, no estamos con un Gobierno en funciones hasta el día 24 de julio, por lo que le pedimos que cumplan ya con su compromiso publicado el 3 de diciembre de 2021», han destacado. Las organizaciones sindicales argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que ven necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y, progresivamente, el resto de personal comprometido.
El conflicto en el organismo ha provocado un choque entre los Ministerios de Trabajo y Hacienda. El primero culpa al segundo del incumplimiento de los compromisos que se hicieron a los sindicatos en julio de 2021. Para los sindicatos, «de poco sirve que quede patente la disparidad de criterios y el enfrentamiento» en el seno del Gobierno de coalición «si finalmente el resultado es que la Inspección de Trabajo sigue sin solución para los profundos déficit que padece en la actualidad».
Mientras tanto, los sindicatos con representación en la Inspección iniciaron hace unas semanas una nueva tanda de movilizaciones para denunciar la falta de recursos en el organismo, que concluirá con una huelga indefinida a partir de mañana 26 de junio.
«A estas alturas no tiene sentido la exigencia de responsabilidades y dimisiones a un Gobierno con fecha de caducidad marcada para el 23 de julio, pero no por ello podemos abandonar la exigencia de cumplimiento de un acuerdo que, para su aplicación, no requiere de ninguna modificación normativa, ni tampoco presupuestaria desde el momento en que ya está contemplado en el presupuesto reconocido al organismo», subrayan los sindicatos.Por ello, advierten de que, con independencia del periodo electoral, seguirán denunciando la situación de la Inspección y realizando «cuantas acciones consideren pertinentes» para defender el organismo.
La plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.
