La Justicia le obliga a esta empresa a devolver 45 millones de euros y también más de 2 millones de intereses de demora. La organización presidida por Javier Tebas ya llegó a un acuerdo el verano con CCTV (China Media Group). Mientras tanto, en España la Agencia Tributaria le ha abierto inspección a la asociación por la ‘tasa RTVE’.
La patronal del fútbol español llegó a un acuerdo con Super Sports Media, empresa de medios deportivos en China y que opera la plataforma de streaming (OTT) iQIYI Sports a través de una joint venture con la firma local Wuhan Dangdai Technology (dueña de iQIYI). La patronal firmó un acuerdo para darle la exclusiva en el mercado chino en 2019 -se sublicenciaron a China Mobile y su servicio de retransmisión online Migu-. Los términos no se hicieron públicos. El problema llegó tras el estallido de la pandemia. En la temporada 2021-2022 no se hizo frente a los desembolsos. Específicamente a las obligaciones vencidas el 20 de enero de 2022 ascendían a 45 millones de euros. Esto llevó a iniciar una pugna legal en un juzgado chino y a romper la alianza comercial.
Este año, según queda reflejado en la memoria anual de la patronal consultada, se ha logrado una victoria. Las dos compañías chinas han sido condenadas con el pago solidario a LaLiga de la tarifa pendiente de licencia de temporada de 45 millones en una sentencia firmada a finales de mayo pero que no se había hecho pública hasta ahora. A esta devolución se suman los intereses de demora que suman 1,75 millones de euros para ambos y de 974.000 euros para la dueña de iQIYI. China ha sido un mercado en crecimiento para los derechos de retransmisión de LaLiga. Pero en ningún momento en los balances de los últimos años se ha precisado cuánto representaba anualmente. En el ejercicio 2023-2024, la venta de estos activos a grandes medios, televisiones y operadoras de telecomunicaciones fuera de las fronteras españolas ascendieron a 744 millones de euros, siendo el capítulo que más creció. Pero esta subida se refiere principalmente a Oriente Medio y Norte de África (Mena) y el continente americano.
La ruptura de este pacto con iQIYI Sports ha desembocado dos años después en una nueva alianza de la patronal con China Media Group -dueña de CCTV y controlada por el Estado-. El pasado mes de septiembre Javier Tebas confirmaba que se emitirán dos partidos gratuitos por jornada en aquel país. El objetivo no era otro que revalorizar los derechos audiovisuales de la competición. “Es públicamente conocido que en China todas las competiciones deportivas no nacionales han sufrido una caída de precio; queremos recuperar ese valor y para ello debemos tener mucha más presencia”, apuntó el directivo.
Más allá de este pleito, ganado en primer término en el mercado chino, la patronal del fútbol español acumula varias decenas de ellos en varios ámbitos. Tiene varios con Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao por la organización de la Superliga o por el acuerdo económico con el fondo de capital riesgo CVC que permite a ésta participar de los ingresos económicos en los próximos 50 años. LaLiga asegura en sus cuentas que en el último año fiscal el pago que se le abonó a la gestora se disparó hasta los 110 millones de euros (frente a los casi 70 millones del periodo anterior). En términos de negocio, LaLiga cerró el ejercicio el año 2023-24 con unos ingresos totales de 1.855 millones de euros, procedentes de la venta de los derechos de retransmisión. El resultado antes de impuestos era de 10,3 millones de euros frente a las pérdidas de 4,8 millones del periodo previo. Estos ‘números rojos’ no son habituales, pues el resultado de la asociación suele tender a cero. Y la razón fue la decisión de repartir a los clubes las reservas generadas provenientes de la escisión de actividades LaLiga Group Internacional.
Además de los pleitos abiertos en los tribunales, la patronal recibió en ese ejercicio acabado en el pasado mes de junio las actas procedentes de las actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria sobre sus cuentas. El impacto contable es muy limitado, pues se le reclamaba 1,06 millones de euros de IVA -que fue registrado directamente contra ‘Otras Reservas’ por lo que no hubo salida de caja- y algo más de 100.000 euros de devolución por Impuesto sobre Sociedades.
