Según indican fuentes conocedoras, esta es la propuesta de las concesionarias, en las que participan grupos como Abertis, Itínere, Ferrovial, Globalvia o Pralesa y fondos como Meridiam, Aberdeen, Vauban y Bestinver Infra.
El porcentaje resulta de aplicar la fórmula de revisión anual de las tarifas de las vías de pago, que está ligada al Índice de Precios al Consumo (IPC) más otras variables. En diciembre, el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente tendrá que adoptar el porcentaje definitivo que aplica para las autopistas de peaje del Estado en España de cara a 2025.
El 2,86% que establece la fórmula supera ampliamente al IPC general del mes de octubre, que se situó en el 1,8%. El cálculo resulta de aplicar un coeficiente de variación a las tarifas de peaje de las autopistas igual a la variación de la media de los índices de los precios de consumo correspondiente a los 12 meses anteriores (noviembre 2022 a octubre 2023) respecto a la media de los trece meses precedentes (noviembre 2021 a octubre 2022), corregido para cada autopista en función de la evolución del tráfico real con respecto al previsto.
Además, el ministro Puente y su equipo tendrán que dilucidar la subida adicional al 2,86% para hacer frente a las compensaciones a las concesionarias que comprometió a finales de 2022, cuando el Gobierno decidió limitar al 4% el incremento de las tarifas de las autopistas de peaje desde el 1 de enero de 2023, frente al entre 8,4% y 9,5% promedio que debía haberse aplicado.
Para ello, el Ejecutivo aprobó un Real Decreto-ley a través del que articuló el mecanismo de contención con el que buscó «ayudar a la ciudadanía a afrontar el escenario actual de altos precios de la energía, derivado de la persistencia del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, que afecta muy especialmente a la movilidad y a la renta disponible de los hogares», explicó entonces.
Ahora bien, aunque el incremento en el peaje no se trasladó completamente a los usuarios, el Ejecutivo acordó subvencionar entre 2023 y 2026 los ingresos que las operadoras de las vías dejarían de percibir por esa contención en el alza de las tarifas. De este modo, estableció la obligación de eliminar dicha subvención, que se carga contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a finales de 2026, repercutiéndola al usuario de forma escalonada en el plazo de tres años.
El Gobierno ya tuvo que aplicar en 2024 una subida adicional por las compensaciones a la que fijaba la fórmula. Así, la revisión del año pasado establecía un encarecimiento medio de los peajes del 4,03% -el IPC general de octubre de 2023 fue del 3,5%-. Sin embargo, el porcentaje final osciló, en función de la autopista, entre el 5% y el 6,65%. Fue, de hecho, la mayor subida de la historia -el techo se remontaba a 2007, cuando alcanzó el 4,5%-.
Transportes explicó hace casi un año que de no continuar en 2024 con las subvenciones ya previstas, el alza de los peajes habría superado el 8,5% (en concreto, entre el 8,24% y el 10,59% en función de la autopista).
Al Ejecutivo, por tanto, le quedan este año y el próximo para pagar a las concesionarias los ingresos que perdieron por no repercutir íntegramente en 2023 la subida que correspondía. Es la única vez desde que en 2002 se instituyera el sistema actual de revisión de precios en el que Transportes no aplicó la fórmula.
Ahora, aunque Moncloa tendrá la última palabra, en el mercado se espera que los peajes se encarezcan de media por encima del 4% a partir del 1 de enero de 2025. Puente tendrá que decidir también si vuelve a congelar, por tercer año consecutivo, los peajes de las autopistas que años atrás quebraron y que gestiona la empresa pública Seitt.
