En 2018 eran 6.909 los lotes que quedaban sin cubrir, en 2022 -último dato disponible- eran 24.213, es decir, el número se había incrementado en más de tres veces en solo cinco años. Una variación que en términos porcentuales no es menos significativa, al pasar de representar el 7,41% de lo licitado a la llegada de Montero a esta cartera, a un 9,93% en el balance de 2022. El propio organismo se hace eco de la significativa evolución de estos números en el texto.
Son varios los factores que han llevado a estos datos, pero los empresarios inciden en el papel que ha tenido el incremento de costes laborales a la hora de concluir que un contrato dado no iba a resultar rentable a cierta compañía. Un esquema en el que las alzas del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobadas en este periodo -que pasó de 736 euros brutos mensuales en 14 pagas a 1.000 euros- tiene un peso importante por la imposibilidad de actualizar el precio público para trasladar este auge del coste. Entre 2018 y 2022 la renta mínima creció un 36%, mientras que los márgenes de los contratos menores son en ocasiones estrechos, sobre todo en los ayuntamientos, donde las principales adjudicatarias son pequeñas y medianas compañías.
Precisamente, el ámbito local registra una mayor proporción de concursos desiertos en 2022, un 11,8% del total frente al 9,9% del estatal o el 6,9% del autonómico. Una distancia que se repite en el caso de revisar los datos de los años anteriores. En 2021 fueron 9.300 los contratos impulsados por ayuntamientos y quedaron sin cubrir, muchos más que los ofertados por el Estado (3.700) o las comunidades autónomas (4.400); aunque cabe señalar que el porcentaje de adjudicados también es superior. Frecuentemente, estos contratos responden a servicios que las administraciones han externalizado, como el mantenimiento o la limpieza de espacios públicos y el cuidado de personas mayores o con necesidades especiales, por lo que los sindicatos también se han pronunciado al respecto.
A la Ley de Desindexación, que es la norma que impide revisar estos precios públicos, se suma la Ley de Contratos del Sector Público que empuja a las administraciones a decantarse por la oferta más barata y que para los representantes de los trabajadores es el foco del problema. CEOE y Cepyme exigieron la modificación de la primera de estas normativas como requisito para apoyar la última subida del SMI -pendiente de aprobación- una petición con la que UGT y CCOO se solidarizaron, en línea con lo firmado en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de mayo y por considerar que a través de esta práctica, el Estado estaba contribuyendo a precarizar a miles de trabajadores entre los que abundan las mujeres y los contratos parciales.
Inicialmente, el Ministerio de Trabajo se mostró comprensivo con esta reclamación e incluso se comprometió a mediar con la responsable de Hacienda para conseguir cambios en este sentido. Se trata de una ley aprobada por el último Gobierno Rajoy, pero que supone un ahorro para las arcas públicas del que la vicepresidenta primera no quiere prescindir. La número dos del PSOE rechazó que estos incrementos salariales salieran del «bolsillo» de los contribuyentes españoles, lo que llevó al departamento de Trabajo a cambiar de discurso y asegurar que estas empresas podían haber previsto las diferentes subidas. Si bien, ninguna de las partes ofreció una aproximación sobre el coste que tendría. Desde el sector empresarial aventuran que el informe que recopile los datos de 2023 que previsiblemente no se hará público hasta verano, avanzará un nuevo incremento del número de contratos desiertos, dado que no se han introducido mejoras que hagan rentable que estas empresas tomen el riesgo de hacerse con licitaciones que se extienden hasta cinco años. Al tiempo que los sindicatos señalan directamente a la estructura y configuración de muchas de estas empresas, a las que acusan de buscar una forma fácil con la que hacer algo de dinero sin preocuparse por la calidad del servicio prestado o las condiciones de sus trabajadores. Mientras el Gobierno no tiene pensado promover cambios en este sentido, pese a las reclamaciones sociales.
