En estos 17 meses, el Congreso ha tumbado ya diez iniciativas del Gobierno con rango de ley: son tres decretos y siete iniciativas legislativas (proposiciones y proyectos) ya que Sánchez no cuenta con una mayoría sólida para gobernar y, poco a poco, va tomando fuerza la mayoría alternativa formada por PP, Vox y Junts.
De hecho, hay una mayoría alternativa al Gobierno para aprobar leyes ya que las proposiciones de ley que se han registrado en el Congreso, hay 23 que llevan la firma del PP que podrían contar con una mayoría para ser aprobadas, aunque PSOE y Sumar se empeñen en bloquearlas en la Mesa del Congreso donde tienen mayoría. Ese es el órgano clave del Congreso. Sin el plácet de la Mesa, por mucho que haya mayoría en el Pleno, las leyes no pueden tramitarse.
De las 14 leyes que se han aprobado, tampoco todas son iniciativas del Gobierno ya que hay cuatro que provienen de los grupos parlamentarios, aunque sí que es cierto que han contado con el sello del PSOE. En concreto, estas cuatro leyes son la de amnistía, la reforma para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el traspaso de tráfico a Navarra y la del ELA. Todo el resto sí son proyectos de ley, cocinados desde Moncloa.
Ante las dificultades del Gobierno para sacar adelante las leyes, Sánchez también suele recurrir a los decretos: sin embargo, esta legislatura está fallando ese mecanismo ya que ha perdido tres de los 15 que ha aprobado en el Consejo de Ministros. Los decretos también tienen rango de ley y permiten al Gobierno acortar trámites y, sobre todo, disgustos en el Congreso con la introducción de enmiendas ya que ahí PP y Junts ya han dado muchas muestras de entendimiento hasta que el Ejecutivo se ha hartado y ha adoptado una decisión inédita en democracia y que va a acabar en el Tribunal Constitucional: Moncloa ha retirado cambios en una ley tras ser aprobados por el Senado, lo que se puede traducir como una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo.
