En 2022, según los datos actualizados por el Ministerio de Hacienda, los consistorios registraron un nivel de pasivo de 17.630 millones, una leve subida del 1,75% en términos anuales que, sin embargo, acaba con la trayectoria de rebaja puesta en marcha en 2012, cuando los niveles de deuda superaban los 35.000 millones de euros. Desde entonces, habían conseguido disminuir en mayor o menor medida este indicador año a año.
El cambio de tendencia se explica porque en 2022 las corporaciones locales registraron déficit “por primera vez en mucho tiempo”, según explica Martínez López, profesor en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador asociado en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. En efecto, según detalla la última actualización del Programa de Estabilidad publicada el pasado mes de marzo, las corporaciones locales presentaron en 2022 una situación de déficit en términos de contabilidad nacional de 1.647 millones de euros, el 0,12% del PIB. Estos números se deben fundamentalmente al ajuste negativo de contabilidad nacional derivado de la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2020, en plena crisis sanitaria de Covid-19, que fue de 2.907 millones. Tal y como recuerda Martínez López, a las corporaciones locales “no se les perdonó totalmente la liquidación negativa de 2020″, como sí se hizo con las autonomías.
Los 17.600 millones de deuda anotados en 2022 se reparten de forma desigual entre regiones. Lógicamente, la mayor parte del dinero a deber corresponde a los consistorios de Andalucía, la región con más población de España que atesora el 30% de la deuda. Otro 19% se lo lleva Madrid y otro 18%, Cataluña. Sin embargo, dentro de las autonomías también hay serias divergencias. En Andalucía, la provincia de Cádiz es la más adeudada con más de 2.200 millones de euros. Allí destacan localidades como Jerez de la Frontera (930 millones), Algeciras (234 millones) y Los Barrios (201 millones).
La ciudad de Madrid, la más adeudada de España, anota 1.738 millones en 2022, y Barcelona, la segunda en la lista, 1.117 millones. Por su parte, más de 5.100 municipios registraron unas cuentas totalmente saneadas. Si se suma la deuda conjunta de las corporaciones locales, incluyendo por ejemplo a los cabildos y diputaciones, la deuda general llega a 23.000 millones.
Los números rojos de algunos municipios, sin embargo, no deben embarrar el buen comportamiento en términos fiscales del subsector de las entidades locales, sobre todo teniendo en cuenta que el año 2022 está condicionado por la situación anómala de la pandemia.
Dentro del conjunto de las administraciones públicas españolas, la hacienda del subsector local es la que “mejor comportamiento ha presentado desde que se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, explica Ana Aguerrea, consultora de administraciones públicas en Analistas Financieros Internacionales (AFI). De este modo, los ayuntamientos han ido generando superávit presupuestario desde 2012, salvo en 2022, “excepción que está condicionada por una liquidación definitiva de 2020 negativa”. El problema, prosigue, es que el subsector público local, pese a presentar una situación económico-financiera general equilibrada, “incluye más de un centenar de ayuntamientos cuya solvencia está comprometida de forma estructural, al presentar un volumen de deuda financiera excesiva en un largo periodo de tiempo”. Es algo de lo que también se percató, allá por 2017, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) al poner de relieve que nueve localidades con más de 20.000 habitantes sufrían un “problema estructural y agudo de sostenibilidad de sus finanzas”.
En este grupo se encuentran los consistorios que presentan un exceso de deuda financiera y que lo mantienen desde varios años, “mostrando una incapacidad para afrontar las amortizaciones correspondientes”, continua Aguerrea. La experta incide en que el aplazamiento en el pago de las deudas, “que es básicamente la opción por la que ha apostado el Gobierno en los últimos mecanismos de ayudas”, se ha manifestado ineficaz en esas situaciones e incluso las ha hecho más evidentes. Por ello, propone entre otras medidas procesos de saneamiento que pasan por objetivos de ahorro bruto positivo o porque el gasto no financiero se mantenga dentro de ciertos umbrales.
Por el momento, la autoridad fiscal alertó la semana pasada de que el grupo de grandes ayuntamientos y diputaciones prevé incrementar su gasto en el entorno del 9% durante 2023. Aunque a nivel general el saldo rondará el equilibrio, la Airef apunta a que los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valladolid y Vigo, y las diputaciones de Barcelona, Valencia, Guipúzcoa y Vizcaya incurrirán en déficit resultante de su gestión en 2023. Pese a que en el cómputo general los ayuntamientos han aumentado su endeudamiento, también hay diferencias entre autonomías a la hora de ver cuáles cumplen más y cuáles menos. Los ayuntamientos de Cataluña son los que más han visto crecer su pasivo, pasando de los 2.800 a los 3.200 millones de euros, un aumento del 13%. También han acrecentado deuda los cántabros y canarios, al igual que los madrileños, que pasan de los 3.300 a los 3.400 millones.
Por su parte, las comunidades que mejor se comportan en términos medios son Asturias, que reduce las cuentas negativas de los ayuntamientos casi un 17%, y Navarra, que lo hace un 13%.