El juez apunta, respecto a los encausados, a presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Así, considera que «no resulta necesario acordar nuevas actuaciones instructoras, al entender que lo actuado hasta el momento apunta a la posible comisión continuada» de los delitos referidos.
Según el auto dictado por el juez instructor, la Faffe habría llevado a cabo «licitaciones y adjudicaciones de contratos en favor de distintos proveedores al margen de la disciplina y de la legalidad administrativa y financiera aplicable, principalmente, en el curso de los ejercicios 2008, 2009 y 2010; acudiendo de forma arbitraria e injustificada a procedimientos simplificados y directos, que en realidad serían de uso y utilización excepcional en cuanto suponen una quiebra de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad; obstaculizando así la libre concurrencia y competencia entre contratistas y convirtiéndolos en procedimientos de contratación administrativa opacos, en favor de determinados adjudicatarios».
El presente auto judicial, detalla que el Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando (Cádiz) habría «recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular». Así, según se desprende del análisis llevado a cabo en relación con la subvención correspondiente al año 2007 por la Unidad Central de la UCO, «no se habría aportado documentación para justificar un importe de 668.871,14 euros, lo que constituye más de la mitad de la cantidad recibida como subvención». En relación con el expediente relativo al año 2008, existirían «sin justificar» 100.000 euros de la cantidad total de la subvención abonada.
Respecto a la emisión del año 2009, prosigue, «no se habría aportado documentación para justificar gastos imputados, con carácter general, por un importe de 338.135,23 euros, lo que constituye más de la mitad de la cantidad recibida como subvención». Mientras que en el año 2010, quedaría pendiente por presentar documentación para justificar la suma de 73.458,95 euros.
Al hilo y, según consta en el escrito, «de acuerdo con las declaraciones de funcionarios de la Junta de Andalucía que iniciaron actuaciones de comprobación de los correspondientes expedientes de subvención», no habría «documentación suficiente para justificar el destino de las subvenciones, pues se encontrarían prácticamente vacíos». Además, destaca «la ausencia de documentación esencial para poder dar por justificado el destino y buen fin de la correspondiente subvención». Por otro lado, especifica el auto, concurren los mencionados delitos «vinculados con la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el SAE al CTI en periodo de 2007 a 2012», actuaciones que, asegura, «no eran ejecutadas directamente por el Consorcio CTI, sino que estaban adjudicadas a la Faffe». Este acuerdo de colaboración estuvo firmado por el presidente del Consejo Rector del Consorcio, el investigado Juan Manuel B.M. y el director general técnico de la Faffe, el investigado Fernando Villén.
El instructor considera, por otra parte, que el Consorcio no puede ser considerado un «beneficiario» de las subvenciones conforme a la Ley General de Subvenciones, dado que «no tenía personal adscrito y no disponía de elementos personales que le permitieran asumir, como tal beneficiario». Ante las «irregularidades detectadas», especifica, «en relación a la indebida justificación del destino de las subvenciones concedidas, se inician a partir de 2013 los correspondientes expedientes de reintegro respecto a la totalidad de las subvenciones concedidas» al CTI entre 2007 y 2010, comprendiendo la cantidad total de 4.822.855,00 euros.
Según señalaron las resoluciones administrativas, «concurrían en todos ellos dos circunstancias determinantes«. Primero, que el importe –supuestamente–»justificado« en cada expediente de subvención fue inferior al presupuesto aceptado y aprobado por la correspondiente resolución de concesión; y segundo que se presentó »una insuficiente justificación de gastos que no cumplían con los requisitos exigidos para su subvencionalidad».
Cabe mencionar que «las resoluciones de reintegro relacionadas con los expedientes de subvención de 2007, 2008, 2009 y 2010, fueron impugnadas y recurridas por el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ante la jurisdicción contencioso- administrativa». Finalmente, se dictaron las correspondientes sentencias con «similar fallo, estimar el recurso y anular la resolución de reintegro por la caducidad del procedimiento administrativo». Finalmente, la Dirección General dictó «sendas resoluciones acordando declarar la prescripción del derecho de la Junta de Andalucía a obtener el reintegro de las subvenciones correspondientes a los expedientes de 2007, 2008, 2009 y 2010».
Cabe subrayar que, en su momento, el juez pedía librar oficio a la Dirección General del SAE y a la Tesorería General de la Seguridad Social para que faciliten a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una serie de documentación e información relacionada con la contratación por parte de la Faffe de diez personas concretas. El instructor explica en el auto que, de lo actuado, «se deducen indicios delictivos que guardan relación con la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación vinculados, en esencia, con diversas -pero conexas- conductas desarrolladas en el seno de la Faffe en relación a la contratación de proveedores de servicios, personal y justificación de concesiones».
Tras precisar que, según el análisis realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el importe total de los contratos indiciariamente irregulares alcanzaría la cuantía de 9.465.332 euros, el juez aludía igualmente a «la existencia de irregularidades en la justificación de subvenciones que la Faffe percibía, fundamentalmente de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)», y ello «en íntima conexión con las irregularidades en la contratación anteriormente descritas, pues la mayor parte de estas ilicitudes en la justificación de las subvenciones se articularían mediante contrataciones ficticias que permitirían realizar imputaciones de gasto -por servicios no prestados, desde luego -al menos-, en el marco de la correspondiente subvención- a las mismas».
De igual modo, el instructor hacía mención a la existencia de «serios indicios de la irregular contratación de personal por parte de la Faffe; de modo que se habría detectado la posible injustificada -sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para la contratación- contratación de, al menos, 84 personas».
