El presidente andaluz, Moreno, ha expresado su oposición «clara y contundente» al impuesto, que considera un «error estratégico», y asegura que utilizará los instrumentos «legales e institucionales» para evitar que se permita bonificar el gravamen a unas comunidades y no a otras, en relación a la petición del Partido Nacionalista Vasco de poder arbitrar este nuevo impuesto. Moreno se ha mostrado «muy preocupado» por las negociaciones del Gobierno sobre la conversión de una medida excepcional como era el gravamen por la crisis energética en un nuevo impuesto a las eléctricas, y ha mostrado su oposición al mismo porque no tiene mayor justificación que la «voracidad» recaudatoria del Gobierno de Sánchez.
Para el presidenta andaluz, España y Andalucía tienen una gran oportunidad de reindustrialización de la mano de las energías renovables, y todo lo que suponga «limitar» este tipo de energía por la aplicación impositiva solo hará que se «hipoteque» el presente y el futuro, algo que será «difícil de superar», tal y como indicó en una jornada organizada por La Vanguardia. Moreno ha avisado al Gobierno central de que «cualquier acción» que se adopte en esta línea propiciará que Andalucía actúe «con los instrumentos legales y la capacidad institucional» que tiene la comunidad autónoma. El presidente andaluz ha recordado que Andalucía cuenta con proyectos muy importantes vinculados al hidrógeno verde, por lo que modificar el marco fiscal podría poner en riesgo «inversiones millonarias» no solo en Andalucía sino en el resto de España, entre otras comunidades, la catalana.
En la misma línea se ha pronunciado también el presidente del Gobierno de Aragón, Azcón, que aseguró que recurrirá en la instancia judicial y ante las autoridades de la Competencia el impuesto especial a las empresas energéticas si el Gobierno lo consolida y pasa a ser un gravamen permanente. Aragón está en el punto de mira de los grandes operadores de centros de datos como Amazon Web Services, Microsoft y BlackStone con inversiones por valor de 33.000 millones en los próximos 10 años.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Fernández Carriedo, anunció también que el Ejecutivo recurrirá el impuesto a las energéticas, ya que «perjudica» y promueve la «desigualdad» entre comunidades autónomas. Carriedo avanzó que la Junta ha analizado el posible impacto que tendría este gravamen en la Comunidad y rechazó la posibilidad de que el impuesto cuente con una recaudación específica para las autonomías de régimen foral.
