La cifra supone prácticamente el 40% del total del presupuesto autonómico aprobado para este 2026 y casi la totalidad de la partida asignada a la sanidad pública, por lo que ha exigido una vez más por carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, que ponga punto y final a esta situación.
En un encuentro informativo con periodistas, la consejera ha actualizado los datos del mes de octubre, que ascendían entonces a 10.500 millones de euros y a los que hora se suman otros 1.867 millones. «Es una falta de lealtad institucional del Gobierno de Pedro Sánchez con las Comunidades Autónomas, no puede ser que bajo la excusa de no tener presupuestos tenga secuestradas a las regiones», ha señalado la máxima responsable de Economía.
Albert ha recordado que, en esta legislatura, el Gobierno no ha aprobado ni un solo presupuesto, «una anomalía democrática sin precedentes» que tiene consecuencias «muy claras», como el hecho de utilizar más de 10.000 millones de los fondos europeos, que tienen un carácter finalista -deben ser destinados a proyectos concretos de eficiencia energética o renovación de infraestructuras, por ejemplo-, para pagar las pensiones.Según la consejera, otra de las graves consecuencias de la falta de presupuesto que afecta directamente a las comunidades es el no tener actualizadas las entregas a cuenta para 2026, que suponen el 77% de los ingresos autonómicos. En concreto, ha detallado que Madrid está percibiendo una cantidad «sensiblemente» inferior a la que le corresponde: 129 millones menos al mes entre enero y marzo y 376 millones a partir de abril, que elevan la merma acumulada por encima de los 750 millones, a los que hay que añadir además otros 4,7 millones entre intereses pagados por esta financiación de emergencia y la rentabilidad perdida.
Entrando en detalle, de los 12.367 millones que el Estado adeuda a la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo concentra 6.276 millones. De ellos, 4.513 millones corresponden al tope al Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023; 765 millones al retraso en las entregas a cuenta de 2026, y 993 a la infrafinanciación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Por su parte, Asuntos Sociales acumula una deuda de 2.668 millones desde 2019 por el incumplimiento de la Ley de Dependencia, que obliga al Estado a financiar el 50% del sistema y solo se está cubriendo el 27,9%. Medio Ambiente eleva la cifra a 2.785 millones: 1.580 millones del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y 1.200 millones de las obras pendientes en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales de La China, Butarque y Sur. Finalmente, la deuda se completa con 417 millones del Consorcio Regional de Transportes, 149 millones en Sanidad, 61 millones en Justicia y 10 millones en Educación. Lo que está ocurriendo es que la Comunidad de Madrid se está teniendo que financiar a corto plazo en los mercados para no privar a los ciudadanos de áreas clave como Sanidad, Educación o servicios sociales» ha indicado la consejera, que se ha mostrado muy preocupada porque el Ejecutivo aprueba medidas en el Consejo de Ministros que son llevadas a las conferencias sectoriales para informar, «no para negociar» y que no incluyen memoria económica que cuantifique su impacto sobre las arcas autonómicas. En definitiva, «un yo decido, tú pagas», ha denunciado Albert, quien opina que esta ya situación ya no es algo «excepcional», si no que se ha convertido en una «norma».
Para Albert, el ejemplo más reciente de ello ha sido el Real Decreto-Ley aprobado por la crisis de Oriente Medio, que rebaja temporalmente -hasta el 30 de junio- el IVA de la electricidad y los carburantes, y los impuestos especiales sobre electricidad e hidrocarburos. «El Gobierno ha bajado los impuestos, sí, pero han sido los impuestos cedidos a las comunidades y ni siquiera se ha hecho una consulta previa», ha lamentado la consejera, que calcula el impacto de este decreto en 206 millones para Madrid.
«Esto podría ser una excepción, pero es la norma, y lo hemos comprobado también con la subida salarial de los funcionarios, que tenemos que pagar las comunidades y no nos han preguntado ni compensado, y lo mismo ha ocurrido con la Ley Orgánica de Universidades», ha explicado. Al respecto, Albert ha cuantificado el coste del alza de sueldo a los empleados públicos en 888 millones de euros para la Comunidad de Madrid en 2025 y 2026, elevándose a cerca de 2.000 millones hasta 2028.
Por todo lo anterior, Albert ha enviado una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que le exige la actualización de las entregas a cuenta que el Estado debe transferir a las Comunidades Autónomas en 2026.En la misiva, explica al ministro que las cantidades correspondientes a este ejercicio fueron comunicadas formalmente en su día por el Gobierno a las regiones y son las que se han utilizado para la elaboración de los Presupuestos en vigor. No obstante, prosigue Albert, a fecha de 29 de abril el Ejecutivo no ha aprobado ninguna norma que permita que esas cantidades lleguen a las tesorerías.
La consejera detalla que las dos únicas iniciativas adoptadas hasta ahora -el RDL 16/2025, decaído en enero, y el RDL 2/2026, no convalidado y derogado el 26 de febrero- no incluían propiamente una actualización de las cifras de 2026, sino una mera prórroga de las entregas a cuenta de 2025, algo que resulta «insuficiente» porque se están aplicando las cifras recogidas en el último Presupuesto aprobado, es decir, el de 2023.
Por ello, Albert solicita en su escrito a Arcadi España la aprobación de un Real Decreto Ley «urgente y específico, no mezclado con desahucios, vivienda, fiscalidad y un largo etcétera, que actualice las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
«Por el momento no nos ha contestado, pero lo peor es que el Gobierno tiene secuestrado el dinero de los madrileños que va destinado a cuestiones tan importantes como la Sanidad, Dependencia o Educación», ha insistido la consejera, quien ha dejado claro que los servicios públicos no están comprometidos porque tienen los deberes hechos. En este sentido, Albert ha recordado que gracias a que Madrid es el motor económico de España, es la comunidad que más empleo genera y la que más Inversión Extranjera Directa recibe, puede financiarse en los mercados y asumir todos estos costes sobrevenidos y, en consecuencia, cumplir con las promesas electorales como la rebaja de medio punto en el IRPF para 2027 anunciada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
