El ‘holding’ magiar ha apurado los plazos para presentar el folleto explicativo de la operación, cuyo límite de un mes vencía el próximo lunes, tal y como rige el real decreto 1066/2007.
El grupo húngaro cumple así con lo previsto y formula, a través de la sociedad anónima privada Ganz-Mavag Europe (GME), formalmente una opa por la totalidad del capital de la cotizada española a cinco euros por acción, que conforman un montante de 619,3 millones de euros. Según detalla la solicitud emitida por el consorcio húngaro, el documento, que ya está en manos del organismo supervisor, se publicará «tras la obtención de la referida autorización».
A partir de este momento, el reloj empieza a correr en Moncloa para dar una respuesta, o no, en los tres próximos meses a la ofensiva del consorcio respaldado por el Gobierno de Viktor Orban. Mientras, el Ejecutivo busca un ‘caballero blanco’ en España para evitar que el capital húngaro tome las riendas de Talgo con una oferta que no se distancie mucho del precio fijado desde Budapest en aras de dar salida a las dificultades industriales, financieras y accionariales que afronta el negocio del fabricante de trenes.
Las exigencias que el Ejecutivo español ha puesto sobre la mesa para autorizar la venta de Talgo están alineadas con las condiciones que expuso el grupo vasco antes de recibir la opa. Según las fuentes consultadas, desde ambas partes no se contempla un escenario donde la operación ponga en riesgo la salida del centro de decisiones del fabricante fuera de España y abogan por mantener aquí la sede, el empleo y la capacidad industrial de la entidad. Las mismas fuentes aseguran que hay accionistas de Talgo que no darán su visto bueno a la operación si no se cumplen estas condiciones.
En el comunicado, el oferente explica que la decisión de formular la oferta se remonta a la reunión celebrada el pasado 7 de marzo, cuando fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de la sociedad y anunciada al organismo supervisor. Dos semanas después, el 22 de marzo, solicitó a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria la redacción de un informe que será utilizado a posteriori por el Consejo de Ministros para valorar su autorización.
También deberá recibir luz verde desde la Comisión Europea, quien evaluará si la concentración resultante del mercado cumple con el reglamento de competencia. En la misma línea, la operación también será analizada desde las autoridades de competencia y negocios de los países implicados en el negocio de ambas entidades como Noruega, Albania, Kosovo, Montenegro, Serbia, Egipto y Arabia Saudí.
