El ministro asegura que la autoridad judicial es responsable de la «regularidad» y la «corrección» de los procedimientos en marcha
Igualmente, el PSOE no tiene previsto demandar a Díez Castro, ni tampoco ha anunciado la apertura de ningún expediente. Vox ya ha anunciado que presentará una denuncia ante los tribunales por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la Justicia tras los audios publicados. Núñez Feijóo, por su parte, afirmó que la asesoría jurídica del partido está estudiando cuál es la acción judicial que va a emprender contra Díez. Pero acción la habrá: «Le aseguro que la Justicia decidirá qué responsabilidades judiciales y penales tiene esta señora y es lo mínimo que podemos hacer».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Marlaska fue preguntado por las acciones anunciadas por la ultraderecha. «Nada que decir», señaló, sobre las decisiones que emprendan «distintas partes, partidos políticos, asociaciones particulares». Pero también reconoció que el «alcance» de la grabación y de su contenido «puede hacer referencia a procedimientos judiciales en marcha». «Y de los procedimientos judiciales en marcha, de su corrección, de su regularidad, la responsabilidad es de la autoridad judicial —sostuvo—. Pues yo creo que el mejor punto de referencia es que sea la propia autoridad judicial de los procedimientos que pudieran verse afectados» por esos audios «sea la que en su caso tome las medidas que estime oportunas».
Marlaska, además, salió en defensa de la UCO, en las últimas semanas en el punto de mira por un presunto informe sobre el secretario de Organización del PSOE, Cerdán, que haría llegar pronto al juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Ábalos, y por los wasaps publicados en El Mundo que se cruzaron el exministro y el presidente, Sánchez. Cuando estas comunicaciones aparecieron, desde el Ejecutivo se apuntó a que esa filtración pudo haber partido de la UCO. Ese material, dijo la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, «nunca tenía que haber visto la luz», y el responsable es quien «tiene el deber de custodia». Lo aseguró la número dos del Gobierno antes de que el propio José Luis Ábalos asumiese que había autorizado la publicación de parte de los chats.
Marlaska recalca que el Gobierno no ha hecho a la UCO «autora de ninguna filtración». El ministro, dijo, tiene la «máxima consideración» hacia esta unidad y todas las de la Guardia Civil y la Policía Nacional
El ministro afirmó que no se puede «obviar» que las unidades de Policía Judicial actúan siempre «bajo las directrices de las autoridades judiciales, del Ministerio Fiscal», como es lo «propio» de una democracia como la española. «Aunque es cierto que, en otros momentos, cuando gobernaba la derecha, yo creo que no ocurría eso de forma real», afeó. Precisamente por ese respaldo «decidido, manifiesto y por convicción a la UCO y al conjunto de unidades», Marlaska incidió en que le preocupa que se haga referencia a supuestos informes de los agentes, porque eso es «tanto como imputar a las unidades de investigación el no cumplimiento de sus deberes», que son «la neutralidad, la objetividad y, evidentemente, el mantener la discreción absoluta en las investigaciones». También es su deber rendir cuentas de sus pesquisas, añadió, a la autoridad judicial. Así que a su juicio esos comentarios sobre la UCO pueden parecer «inocuos» pero «ponen en tela de juicio» una actividad «tan profesional, tan decidida», neutral y «objetiva» como la de los agentes que la integran.
