Lo que entra en funcionamiento este viernes es la parte del acuerdo puramente comercial, que es lo que depende de la Comisión Europea; entre los 27 se salvó el bloqueo después de 25 años de negociaciones tras levantar sus vetos primero Francia (que votó negativamente, pero no sumó cifras suficientes para bloquear la mayoría cualificada) y después Italia a raíz de unas salvaguardas que para el campo europeo no son suficientes. Mientras, la Eurocámara duda no del acuerdo en sí, sino de cómo se ha llevado adelante el proceso de aprobación. España, por ejemplo, siempre ha sido uno de los socios que más ha defendido el acuerdo, en línea con lo que han reclamado durante años los países del Mercosur.
Los defensores del acuerdo lo ven no solo como un avance comercial; es un paso estratégico para la UE. Reforzar el vínculo con América Latina da buena cuenta de cómo el bloque comunitario quiere mostrarse como una potencia comercial mientras acelera -con resultados todavía dudosos- en otros frentes como el militar o el industrial. Además, es un mensaje a Trump: aumentando los intercambios con los países del otro lado del océano se reduce la posibilidad de que caigan en la esfera de influencia de Estados Unidos. Desde Bruselas insisten en la importancia de reivindicar «la certidumbre» y la «fiabilidad» de Europa como socio geopolítico.
Pero el círculo no está cerrado del todo. La Eurocámara quiere que el Tribunal de Justicia de la UE despeje las dudas sobre algunos elementos clave del acuerdo con Mercosur, entre ellos el llamado mecanismo de reequilibrio. Este instrumento permitiría a los países del bloque sudamericano recurrir la legislación europea que consideren lesiva para sus exportaciones, una posibilidad que inquieta a los eurodiputados por el riesgo de que interfiera con la autonomía reguladora de la Unión, choque con los Tratados y termine erosionando la solidez del marco normativo comunitario.
El Parlamento Europeo también pone el foco en la actuación de la Comisión al dividir el acuerdo en dos partes, una política y de cooperación y otra estrictamente comercial -que es la que entra en vigor ahora-, una maniobra que, a su juicio, buscaba facilitar su firma. Al separar el pilar comercial, Bruselas evitó la ratificación por los parlamentos nacionales y sorteó además la exigencia de unanimidad, logrando el respaldo del Consejo mediante mayoría cualificada. Con la necesidad de 27 síes el bloqueo se hubiera eternizado todavía más, asumen fuentes comunitarias para defender el movimiento de Bruselas. Todo el proceso ‘judicial’ ahora puede demorarse hasta dos años.
La UE estima que el pacto UE-Mercosur permitirá el ahorro de unos 4.000 millones de euros en aranceles al año. Esa ausencia de tasas, además de un aumento de las inversiones, intercambio de información y homologación de las condiciones son algunos de los puntos. Si bien es cierto que hasta ahora la Unión ha ido firmando históricamente acuerdos bilaterales y concretos con países que forman parte el Mercosur, este pacto unifica la alianza, con sus cosas buenas y sus dudas, dignas de un momento «histórico para las relaciones comerciales», como se ha definido a ambos lados del océano.
Todo esto incluye vínculos a nivel energético o en lo que se refiere a las materias raras, un sector clave para el desarrollo de la UE como ‘competidor’ tanto de China como de Estados Unidos. Y es que Pekín ha incrementado significativamente su influencia en América Latina, principalmente a través de inversiones en infraestructura y comercio (como la soja y minerales). Este acuerdo permite a la UE contrarrestar, reconocen expertos, esta influencia, consolidándose como un socio económico estratégico para el Mercosur.
El pacto, por otro lado, tiene desde el lado europeo la necesidad de aplacar el rechazo que genera en el sector primario, sobre todo en lo que tiene que ver con los estándares de calidad, muy exigentes en la UE y no tanto en Latinoamérica, y en la reciprocidad a la hora de desarrollar la burocracia. Hay por tanto, dice el documento, una necesidad «de asegurar una adecuada adaptación regulatoria y operativa, garantizando la plena conformidad con las normativas europeas vigentes y futuras, en particular en materia ambiental, sanitaria, fitosanitaria y de trazabilidad, lo que exigirá ajustes en los procesos productivos, certificaciones específicas y, en algunos casos, la reconfiguración de la logística y de las cadenas de suministro».
