El nuevo mandatario del país se refirió a la situación de una de sus firmas más emblemáticas, la petrolera YPF, que fuera expropiada por el Gobierno de Fernández de Kirchner en 2012. Los planes para la firma pasan en primer lugar por un saneamiento, ya que en palabras del propio Milei, «a YPF primero hay que recomponerla».
«El deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados, para que valga muchísimo menos del momento en el que se la expropió requiere que primero haya que recomponerla», ha manifestado en declaraciones ante la prensa argentina.
En septiembre de este mismo año, la Justicia de Estados Unidos condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólarescon motivo de la expropiación de la petrolera, después de que la jueza de distrito de Manhattan, Loretta Preska, validara la compensación propuesta por el fondo Burford Capital, que compró el pleito a los socios de la energética.
De esta manera, la Justicia estadounidense dio la razón a Burford al determinar como fecha de la expropiación el 16 de abril de 2012. La disputa sobre las fechas se debe a que el Gobierno argentino considera que la expropiación se efectuó el 7 de mayo de 2012, lo que deja un periodo de menos de un mes en el que las acciones de la compañía cayeron un 25%, lo que implica diferencias a la hora de fijar el monto de la indemnización.
De esta manera, la privatización de YPF no será inmediata, al igual que ocurre con Energía Argentina (Enarsa), ya que ambas firmas todavía «tienen un rol que cumplir» en el país. «En la transición que nosotros estamos pensando para la cuestión energética, tanto Enarsa como YPF tienen un rol que cumplir mientras se racionalizan esas estructuras y se las pone a crear valor para que de esa manera se puedan vender a un precio muy beneficioso para los argentinos. En síntesis, el objetivo es vender ambas compañías, pero no ahora», ha agregado Milei.
Cabe recordar que Argentina cuenta con un yacimiento de exploración no convencional, una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados entre las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa conocida como Vaca Muerta. Este lugar tiene potencial para la obtención de 117 trillones de pies cúbicos de gas y 40.000 millones de barriles de crudo, y en él trabajan, junto a YPF, las petroleras estadounidenses Chevron y Exxon Mobil, la francesa Total, la neerlandesa Shell y las canadienses Americas Petrogas y Madalena Energy, además de las multinacionales PAE, Pluspetrol y Tecpetrol.
Otra de las compañías que Milei pretende privatizar es Aerolíneas Argentinas. La aerolínea y su esencia pública fueron defendidos durante el mandato del anterior presidente, el peronista Alberto Fernández, ya que fue usada durante la pandemia de covid-19 para importar vacunas y repatriar a los ciudadanos argentinos varados en otros territorios. La intención del líder de La Libertad Avanza es «dejársela a los empleados». «Aerolíneas Argentinas tiene un personal muy calificado y unidades de negocio rentables. Hay que dejársela a los empleados. En un contexto de aumento de la competencia, los propios empleados van a expulsar a los que se dedican a hacer política en lugar de trabajar», ha señalado. Su intención es la de instaurar una política de «cielos abiertos», mediante la cual se reducirá la intervención estatal para fomentar la entrada de más compañías en el sector. «Que venga la línea aérea que quiera venir, esto es algo natural para un liberal», ha resumido.
Sin embargo, Milei puede encontrarse con escollos en este camino, ya que los principales sindicatos del sector, como la Asociación del Personal Aeronáutico o la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, se oponen a la privatización. «Entregarle la compañía a los trabajadores sería el certificado de defunción para Aerolíneas, porque él lo que planteó es entregar la empresa a los trabajadores, declarar cielos abiertos y retirarle los aportes del Estado. Y esta empresa sin los aportes del Estado no puede funcionar», ha valorado el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Llano. La compañía recibió en lo que va de año un total de 40.500 millones de pesos (unos 109 millones de dólares al tipos de cambio oficial) en transferencias corrientes por parte del Gobierno, según consta en el último informe de ejecución presupuestaria elaborado por el Ejecutivo.
La ola privatizadora que pretende desatar Milei afectará también a los medios de comunicación públicos del país. El presidente considera «que la TV Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda», por lo que cree que será mas beneficiosa para la sociedad en manos privadas.»No adhiero a un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional», ha valorado, para luego agregar que «los medios de comunicación del Estado deben ser privatizados. Televisión Pública y Télam son mecanismos de propaganda».
De esta manera, la privatización afectaría a todos los medios públicos, incluyendo Télam, la agencia de noticias de propiedad estatal.
