La titular de Hacienda en funciones se ha mantenido, en cualquier caso, cauta a este respecto. Ha instado, en primer lugar, a «estudiar su rendimiento» y ha abogado por el diálogo con las Comunidades Autónomas. La ministra de Hacienda ha indicado que, «hasta que se produzca ese debate, se mantendrá este impuesto». Una conversación de la que espera que redunde en que «las grandes fortunas» aporten «en la medida proporcional que están haciendo en el resto de las rentas». Es así que ha concluido que será necesario dar con «una u otra fórmula» para mantener esa recaudación.
Montero, que ha visitado la capital belga para comparecer en el Parlamento Europeo, mantiene sobre la mesa la permanencia del impuesto sobre las Grandes Fortunas, supeditado a una negociación con las comunidades autónomas y como parte de una reforma del modelo de financiación autonómica.»Más allá de que elijamos una fórmula como la que tenemos, o también demos participación a las comunidades autónomas, sin que se pueda producir vaciamiento normativo», ha añadido.
Respecto a las dudas jurídicas que ha suscitado la figura impositiva, Montero se ha mostrado convencida de «que el diseño del impuesto sigue absolutamente las competencias estatales» y considera que no va a generar «ningún problema con el resto de figuras». Además, ha argumentado que el hecho de que el Tribunal Constitucional admitiera el recurso a trámite sin suspensión cautelar del impuesto «ya es un dato importante» ya que considera que «no se está vulnerando ningún principio fundamental».
Preguntada por el decalaje numérico entre las estimaciones de recaudación del Gobierno y las cifras finales, Montero ha indicado que «cuando se calcula un potencial recaudatorio de una figura fiscal» se hace como si el resto de las comunidades Autónomas que tengan «algún tipo de gravamen lo hubieran prácticamente eliminado». Así la ministro de Hacienda en funciones ha utilizado este razonamiento para señalar que «si la renta de los patrimonios no estuviese haciendo frente a un pago por parte de otra figura de las Comunidades Autónomas, se habría recaudado una cantidad que podría haber estado en el doble, aproximadamente, de esos 600 millones, en un entorno de 1.200 o 1.400 millones».
El Gobierno achaca así al hecho de que algunas comunidades autónomas mantuvieran sus figuras fiscales que no se alcanzaran las cifras previstas. En todo caso, la titular de Hacienda ha indicado que se trata de un resultado importante, teniendo en cuenta que «hay algunos territorios donde las grandes rentas los grandes patrimonios antes de su aprobación no pagaban». Por lo tanto, ha puesto en valor que desde que se puso en marcha la legislación estatal las grandes rentas también paguen, «porque de eso va justamente perseguir la igualdad».