DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas tienen ahora hasta el próximo 5 de noviembre acudir a la licitación, cuyo contrato asciende a 2.681 millones (3.217 millones brutos) a repartir 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026. Disponen de poco más de tres semanas para estudiar la oferta, que se queda lejos del 27% exigido. Teniendo en cuenta este horizonte temporal, desde el sector avanzan que se pronunciarán al respecto una vez que se conozcan las condiciones de las mutuas de la administración de Justicia (Mugeju) y la de las fuerzas armadas (Isfas).
Después del intento para acercar posturas sin éxito antes de que el Consejo de Ministros diera a conocer la propuesta definitiva, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha tramitado el concurso con carácter de urgencia, dado que el acuerdo vigente expira el próximo 31 de diciembre. Justifican la demora en el hecho de que el «organismo no ha conocido la disponibilidad presupuestaria real para asistencia sanitaria de cara a 2025 y 2026».
Ahora todo queda en manos de las adjudicatarias, que han tenido que afrontar unas pérdidas de 142 millones en 2023, cifra que rondará los 430 millones al término del trienio 2022-2024. La elevada siniestralidad, que roza el 110%, y la «infrafinanciación» del modelo con un crecimiento del gasto a doble dígito, mientras la prima ha aumentado de media un 4,4% anual durante los últimos 25 años, amenazan ahora su continuidad.
El riesgo de que el concierto de Muface quede desierto es real tras años de avisos al Ejecutivo de que el sistema tal y como está planteado es “económicamente insostenible”.
La ruptura supondría una debacle para el sistema ya que el desplazamiento de todos los que actualmente se benefician del sistema a la sanidad pública tendría un efecto inmediato en los pacientes de atención primaria, pero también en las listas de espera, que se dispararían en un 266% en consultas externas, pasando de 85,4 días a 227,6 días. El retraso en cirugías, por su parte, se elevaría un 115%, hasta rozar los 20 días, y habría que añadir casi 4.000 camas más en los centros para suplir este servicios. Pero la ruptura no será fácil. Según se detalla en los pliegos técnicos del actual concierto en vigor, que finaliza el 31 de diciembre, las compañías se verán obligadas a prestar servicio a los mutualistas que hasta final de año estén adheridos a este plan durante el primer mes del próximo ejercicio.
Y no solo eso, sino que las compañías tampoco podrán dejar sin seguro privado a los pacientes de un día para otro en caso de que estén ingresados o si hay un parto previsto para el mes de febrero. «Las entidades deberán seguir prestando la asistencia hasta el día en que se produzca el alta hospitalaria o se concluya la asistencia por maternidad, respectivamente» manifiestan los pliegos.
En caso de que la hospitalización se prolongara, las aseguradoras asumirán la cobertura de ese mutualista hasta el final de marzo de 2025. Sin embargo, el fin del concierto a partir de aquí sí que dejaría a pacientes en el aire, puesto que el documento solo tiene en consideración el caso de que Muface consiga, al menos, un proveedor que esté dispuesto a presentarse al concierto actual. En ese caso, sería la entidad que sí se presente a Muface la que se haría cargo de dichos pacientes, pero no contempla que la licitación se quede desierta. No obstante, las aseguradoras no cubren servicios en ese mes de enero de manera gratuita, sino que tendrán derecho a percibir la prima fija por cada mutualista adherido a Muface en diciembre de forma mensual. Sin embargo, de la prima de dicho mes, Muface retendrá un 10% hasta el 31 de diciembre del 2026.
Esto conllevaría a que las aseguradoras seguirían obteniendo pérdidas durante un mes más en 2025. La dimensión de estas puede variar, pero según un informe que Adeslas encargó a la Universidad de Málaga y de Granada, en el caso de esa compañía el balance mensual en 2023 fue de pérdidas de más de 6 millones de euros. Más allá de la fecha final de la cobertura a la que están obligadas las aseguradoras, el Gobierno incluye en la renovación del acuerdo rebajas sustanciales para los dos tratamientos más costosos de la cartera de servicios. Por un lado, el Estado solo sufragará el 60% del coste de las terapias avanzadas y, por otro lado, las sesiones de protonterapia (una revolución de la radiología oncológica) se pagarán a 24.000 euros, mientras que la sanidad pública paga entre 30.000 y 35.000 según la comunidad autónoma.
