Y lo ha hecho bajo el argumento de que hubo contactos de miembros del ‘procés’ con el entorno de Vladímir Putin para tratar de que Rusia se sumara al plan. Esto supone un nuevo palo en la rueda de la ley de amnistía que este martes se encamina a su votación en el Congreso de los Diputados.
En un escrito con fecha del 26 de enero el magistrado señala que la investigación no se puede finalizar todavía porque hay diligencias que praticar habida cuenta de conversaciones intervenidas en la que se habla de que hay tres grupos relacionados con el ‘procés’ que estaban trabajando «con el tema de las criptomonedas» para que «la futura república catalana desarrollara una legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos». El interlocutor dice que así «ellos», es decir, Rusia, «podrían ayudar». De esta conversación el magistrado alega: «Parece inferirse que la intención última era provocar un cambio en el modelo económico transformando los recursos monetarios de los que puedan disponer en la actualidad» con la finalidad de «evitar las acciones del control de los poderes públicos». En estas conversaciones aparecen siglas de personas como MHP que el juez señala que es el «Molt Honorable President», además de otras como V a quien no han podido identificar.
Asimismo, Aguirre liga su causa a otra que sigue el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que puso de manifiesto que los líderes independentistas estaban diseñando, precisamente, «el banco central catalán del que el Instituto Catalán de Finanzas sería el embrión». Un elemento fundamental para garanziar la soberanía monetaria y financiera del evantual estado independiente.
El juez dice que ha revisado otra parte «importante de la abundante documentación existente» en las diferentes ramificaciones de la investigación y que ha encontrado datos que «confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos».
Incluso refleja vínculos entre Junts con «miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana y con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Catalunya, si éste se independizaba de forma unilateral de España». Según se desprende de algunos de los mensajes encontrados en el teléfono móvil de otro de los investigados, conocían ya de antemano que podía haber una guerra entre la Unión Europea y Rusia, «siendo la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa el primera paso importante de la estrategia política del gobierno ruso y de su presidente P. (de tendencia política de extrema derecha) para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Catalunya».
Dice Aguirre que los independentistas pretendían tener el apoyo del gobierno de Putin «mediante soporte económico y militar» y que esos ofrecimientos se han ido conociendo a lo largo de la instrucción del ‘caso Voloh’. Señala como muestra la declaración de la directora general de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat, una persona del círculo más próximo al expresidente que además fue la directora de la campaña electoral de JuntsxCat tras la aplicación del artículo 155. Ella dijo que estuvo en dos reuniones relacionadas con Moscú.
Una, en el Hotel Colón de Barcelona con dos personas que hablaban ruso, cuyos nombres aseguró desconocer a la que asistió. dijo, «por indicaciones que le habían dado de ir a escuchar y luego informar al president». Otra, en la Casa dels Canonges, residencia de Carles Puigdemont en ese momento, en la que estaba otra persona que hablaba ruso y catalán.
Además de todo esto, el juez cita en su escrito una carta anónima que recibió el pasado 28 de diciembre que contenía recortes de prensa de una investigación periodística internacional llamada OCCRP-Organized Crime and Corrupción Reporting Project. Sobre ello señala que en una de esas reuniones fue identificado un ciudadano ruso que era un antiguo diplomático y que, según los servicios secretos francés, actúa a las órdens directas de Vladimir Putin habiendo hecho gestiones de diplomacia con Siria y Libia.
Estableciendo esta alianza internacional del independentismo, el juez activa un nuevo artículo del Código Penal que, de momento, no ha sido contemplado en la ley de amnistía. Se trata del 592 del texto punitivo que dice: «Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras».
Entre las enmiendas que Junts quiso añadir a la amnistía se encontraba, precisamente, una relacionada con esto que, de alguna forma, temía que pudiera incluirse también en las pesquisas de ‘Tsunami Democràtic’. Pero, de momento, el PSOE no ha aceptado este cambio.
