En concreto, Bruselas carga contra los poderes discrecionales que se otorga al Gobierno en varias normas de la legislación española para poder frenar operaciones como esta. Y es que el ejecutivo comunitario considera que su alcance permite actuar más allá del interés general.
En la misiva remitida a España la Comisión considera que «determinadas disposiciones de la legislación bancaria y de la ley de competencia españolas, que otorgan al Gobierno español facultades ilimitadas para intervenir en fusiones y adquisiciones de entidades bancarias, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales en virtud de la normativa bancaria de la UE».
Asimismo, Bruselas estima también que estas «amplias facultades discrecionales constituyen restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales». En su opinión, las consolidaciones en el sector bancario «benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la consecución de la Unión Bancaria», por lo que no entiende las trabas del Gobierno a la OPA de BBVA sobre Sabadell. En concreto, critica que el Ejecutivo autorizase la operación, pero impusiera condiciones como por ejemplo la prohibición de la fusión de ambas entidades durante tres años.
De hecho, fuentes comunitarias han señalado a varios medios españoles que si hubiese habido algún tipo de motivo genuino de interés público en la intervención del Gobierno, eso no habría supuesto un problema, pero creen que en estas cuestiones bancarias no cabía elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros.
Bruselas dice también en su carta que «estas fusiones garantizan una asignación eficiente del capital en toda la UE y que los ciudadanos y las empresas tengan acceso a productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión del Ahorro y la Inversión. Por consiguiente, la Comisión ha decidido mandar una carta a España, a la que da ahora dos meses para «responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión» al respecto.
En concreto, espera que el Gobierno corrija los fallos detectados en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que requieren un cambio bastante profundo. Por su parte, las que afectan a la ley de defensa de la competencia necesitan orientarse y utilizarse debidamente, según fuentes comunitarias. Esta carta de emplazamiento es el primer paso de un expediente sancionador que permitirá dialogar a Bruselas y Madrid sobre lo ocurrido y, en última instancia, permitirá al Ejecutivo comunitario elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
«De no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podría emitir un dictamen motivado», avisa Bruselas.
