Y con ser cierta la observación, no es menos verdad el hecho de que el aumento de veinte mil demandantes de empleo aleja el optimismo de cualquier observador neutral. Como se sabe, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el paro registrado es una variable que ha ido perdiendo progresivamente poder explicativo para medir un fenómeno clave en la determinación del estado de salud de un mercado laboral: cuántas personas quieren trabajar y no están pudiendo hacerlo. La razón, ya explicada en otras ocasiones, es la enorme proliferación de contratos fijos discontinuos como consecuencia de la reforma y la consiguiente contabilización como demandantes de empleo de los trabajadores que pasan a situación de inactividad con dicho contrato cuando agotan el período de trabajo tras un llamamiento.
En estos momentos diversos especialistas señalan que unos 600 mil individuos se encuentran en dicha situación, pero se trata de una cifra para la que no hay referencias oficiales. La divergencia del paro registrado con la realidad tiene como consecuencia que el aumento del mes de febrero, de más de 2.600 parados se vea agravado cuando se considera la evolución del total de los demandantes de empleo, que ya ascienden a 4,56 millones de personas, después de haber aumentado en 20.290 en febrero y, lo que es aún más importante, tras haber crecido en trescientos ocho mil desde junio del año pasado, momento en el cual se midió un mínimo en el período postpandemia.
De hecho, la evolución de los demandantes de empleo en este mes de febrero ha sido la segunda peor en dicho mes de la última década, una situación que ofrece una lectura muy alejada del optimismo que se quiere transmitir en este año electoral.
Y esa es la otra clave. Al ritmo de “desgracias” que nos acercamos a esta primera convocatoria electoral el Gobierno necesita de “cifras positivas” y el paro es una de ellas, así que trataran de manipularlas todo lo que puedan.