En una providencia dictada este jueves el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha acordado desgajar esta nueva línea de investigación del procedimiento principal que se sigue contra la mujer del presidente del Gobierno y reclama ahora a la Fiscalía de Madrid un informe sobre la posible relevancia penal de los hechos, a la vista de un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del decreto emitido por la Fiscalía Europea el pasado 8 de junio.
La decisión llega después de que la Fiscalía Europea devolviera formalmente el expediente a la jurisdicción española tras el dictamen del Juzgado Central de Instrucción número 6, que actuó como órgano de garantías y dejó sin efecto la decisión de asumir la investigación sobre este contrato concreto. El foco de esta nueva pieza se sitúa en el expediente de Red.es vinculado al programa Acelera Pyme, financiado con fondos FEDER, en el que los investigadores habrían detectado posibles irregularidades en el proceso de valoración. En concreto, la UCO apuntó en su informe a que en la adjudicación podrían haberse ocultado deficiencias en la documentación exigida a la UTE adjudicataria, pese a lo cual obtuvo la máxima puntuación técnica.
Con la apertura de esta pieza separada, el juez pretende delimitar si esos hechos pueden encajar en distintos tipos penales que ya se barajan en la causa principal o si requieren una calificación autónoma en este nuevo frente de la investigación. La Fiscalía Europea señaló en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que la adjudicación podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión. El movimiento se produce en paralelo a la espera de otras decisiones clave del magistrado, que debe resolver si abre juicio oral contra Begoña Gómez en la pieza principal del procedimiento, en la que ya atribuye a la esposa del presidente del Gobierno los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
Asimismo, debe resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones populares —lideradas por Hazte Oír— en la audiencia preliminar de este lunes. Han solicitado la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas, mientras que la defensa y la Fiscalía han pedido el archivo de la causa al considerar que no existen indicios suficientes de delito.
