Coincidiendo con la emisión del polémico documental que la Radio Televisión Española programaba, la semana pasada, en su segundo canal, sobre la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid, la Fiscalía autonómica ha hecho pública la judicialización de nueve nuevas denuncias. Según ha detallado en un comunicado oficial, con el objetivo de que se investigue si alguna residencia de la región denegó la prestación sanitaria por motivos discriminatorios en la pandemia por parte de los geriatras de referencia de los distintos servicios públicos regionales y de los hospitales radicados en su territorio.
Ya el pasado mes de noviembre, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Lastra, mantuvo una reunión con varios representantes de Mareas de Residencias y la Asociación Verdad y Justicia para tratar este tema. Un encuentro durante el que los portavoces de las plataformas entregaron una denuncia colectiva presentada en nombre de 109 familiares de 115 personas fallecidas, a partir de marzo de 2020, y que vivían en residencias madrileñas. De esas 109 denuncias la Fiscalía ha judicializado ahora nueve asuntos que se corresponde a personas fallecidas cuyas muertes no habían sido investigadas hasta la fecha. En varios casos se acordó la remisión al juzgado correspondiente por existir procedimientos en los que ya se habían investigado los mismos hechos.
El pasado 6 de noviembre, Lastra firmó un decreto en el que solicitó la remisión de una copia de la denuncia y de los archivos digitales que la acompañaban a la Fiscalía Provincial de Madrid y a las Fiscalías de Área por ser las competentes para pronunciarse sobre los hechos recogidos en la denuncia. En concreto sobre la posible comisión de un delito continuado del artículo 511 del Código Penal (denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios) por parte de los geriatras de referencia de los distintos servicios de la Comunidad de Madrid y de los hospitales radicados en sus respectivos territorios.
Por esta vía de este artículo se han presentado nueve denuncias. La mayoría de las anteriores venían por los delitos de omisión del deber de socorro y/o homicidio imprudente. Cabe recordar que, hasta la fecha, todas las acciones presentadas contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso por este motivo, más de 60, han resultado archivadas.
A raíz de esta última denuncia, en la Fiscalía de Madrid se han incoado cuatro diligencias de investigación pre procesales en las que se constató que no habían sido parte de ningún otro procedimiento judicial abierto y, por tanto, se presentó la correspondiente denuncia.
A fecha 30 de diciembre de 2024, y respecto a los a los otros procedimientos abiertos con anterioridad a dicha denuncia, había otros ocho en tramitación (dos en Madrid, dos en San Lorenzo de El Escorial, dos en Collado-Villalba, uno en Majadahonda y otra más en Torrelaguna). En cuanto a los recursos interpuestos por el fiscal contra el archivo de algunos procedimientos, la cifra asciende a 17, seis de ellos en el año anterior. A esta lista habría que sumar las dos adhesiones a los recursos presentados por las acusaciones.
Por último, desde el 30 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2024 los órganos judiciales han archivado 54 procedimientos judiciales, de los que 41 ya han adquirido firmeza y otros 13 están pendientes de que se resuelva el recurso contra su sobreseimiento.
En la Fiscalía de área de Getafe-Leganés, se ha incoado una diligencia de investigación pre procesal sin que hasta la fecha se haya presentado querella o denuncia alguna. Previos a la última denuncia, en la actualidad se encuentran abiertos dos procedimientos penales. Otros tres ya han sido archivados de forma definitiva y otro está pendiente de que se resuelva un recurso de la Fiscalía.
En Alcalá de Henares, se incoaron 13 diligencias de investigación, una por cada anciano fallecido en su territorio. En ocho de ellas se acordó directamente la remisión a distintos juzgados por existir ya procedimientos en las que ya se habían investigado los mismos hechos, o aún se estaban investigando. En las cinco restantes se citó a los familiares de los fallecidos para tomarles declaración.
En dos casos se pudo comprobar que ya estaban judicializados, y en los otros tres se ha formulado denuncia (2 en Alcalá de Henares y 1 en Torrejón de Ardoz).
Por otro lado, en Móstoles-Fuenlabrada se incoaron 28 diligencias de investigación preprocesal, que se corresponden con 30 fallecidos al darse la circunstancia de que, en dos de ellas, se interesa la investigación del fallecimiento de los dos progenitores del denunciante.
En 21 casos ya había existido causa judicial. De ellos, doce estaban sobreseídos ya por la Audiencia Provincial y el resto continúan en fase de instrucción.
Sobre los otros siete asuntos que la Fiscalía de Móstoles tiene aún abiertas diligencias de investigación, en cinco de ellos están pendiente de recibir el informe del médico forense. Mientras que en los otros dos, que ya cuentan con el pertinente informe, se ha presentado la correspondiente denuncia.
