Una nueva maniobra de Puente que se suma a las de su predecesora en el cargo, Sánchez. La exministra se fue del Gobierno sin que su ministerio ni Renfe facilitasen toda la documentación que obraba en su poder desde el mes de febrero, argumentando todo tipo de excusas que después fueron desestimadas por el Consejo de Transparencia.
Por ello, ahora la empresa ferroviaria lleva a los tribunales al CTBG argumentando, entre otras excusas, que «la prolija resolución que nos ocupa sería, preliminar e indiciariamente, contraria a Derecho» y que «no se ha prestado la necesaria atención a los interesados y a las partes de un contrato vigente». Es más, considera que «el Consejo extiende, sin el exigible cuidado y ponderación, el régimen de los documentos elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones públicas por Administraciones públicas, a la ejecución de un contrato privado suscrito por dos sociedades mercantiles y a su régimen interno de personal».
Para reprochar, además, a este organismo independiente, «defectos manifiestos en la Resolución, de difícil o imposible cumplimiento en sus estrictos términos». En concreto, la resolución ejecutiva 969/2023 del pasado 14 de noviembre dictada por el CTBG, tal y como ya ha informado El Debate, respaldaba a este periódico ante las innumerables negativas de todos los organismos implicados –el Ministerio de Transporte, ADIF y Renfe– a facilitar los documentos que ha tratado de ocultar por todos los medios y que demostrará desde cuándo el Ministerio de Transportes tuvo conocimiento del diseño erróneo de unos trenes carísimos que no cabían por las vías de Asturias ni de Cantabria.
En concreto, el Ministerio de Transportes se escudó, en una resolución fechada el pasado 5 de abril, en que el contrato fue suscrito por «una entidad empresarial, con personalidad jurídica y por tanto entidad propia, distinta de este Ministerio, como es Renfe y un suministrador de material rodante de naturaleza privada», por lo que cualquier explicación referente a este asunto correspondería a la empresa ferroviaria.
Bajo esa premisa, no facilitó ninguna información referente «los controles efectuados por el contratista, ya sea el propio Ministerio o sociedades dependientes, a los efectos de verificar el cumplimiento del contrato adjudicado para la construcción de los trenes fallidos y en su caso, advertencias formuladas a este respecto sobre posibles incumplimientos, tal y como finalmente ha ocurrido, con identificación del autor de tales avisos y destinatario de los mismos».
Eso sí, reconocía en un documento oficial del 15 de marzo que en su departamento sí había documentación e informes relacionados con el escándalo de los trenes, aunque indicaron que «no le llegó a la ministra documentación alguna sobre este asunto», antes de que saliese a la luz la chapuza.
Por su parte, ADIF, la empresa encargada de la gestión de las infraestructuras ferroviarias, también se sacudía del escándalo con argumentos similares y señalaba también a Renfe al ser la «entidad adjudicadora» del contrato, por lo que «no cabe ninguna duda» de que la relación jurídica entre Renfe y CAF «resulta absolutamente ajena a ADIF». Sin embargo, no eximía de culpa a la ministra pues «la normativa jurídica existente sobre gálibos», es decir, la legislación que marca las dimensiones de los trenes, «es competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sin que en ningún caso pueda ser aprobada o modificada por esta entidad pública empresarial».
Pero mientras todos señalaban a un único responsable, Renfe, ésta hacía valer su condición empresarial para ocultar desde cuándo lo sabía y cuánto tiempo tardó en hacer público el error, así como qué medidas adoptó para evitar el retraso de los trenes. Para ello, alegó que «supondría hacer pública información privilegiada y sensible cuya utilización descontextualizada causaría perjuicios reputacionales injustificados», lo que tendría consecuencias económicas graves para la compañía al operar en mercados «liberalizados».
Sin embargo, ninguno de estos argumentos tuvo el respaldo del CTBG que consideró que las excusas de Renfe no tenían base, por lo que ordenó al Ministerio de Transportes facilitar, entre otras cuestiones, la documentación que permitiría saber desde cuándo se sabía que las medidas eran incorrectas y que medidas tomó para revertir la chapuza cuanto antes. El nuevo ministro ya recibió un aviso del CTBG en el que reiteraba «la necesidad de dar cumplimiento a lo señalado en la parte dispositiva de la Resolución R CTBG 969/2023 de 14 de noviembre de 2023 de esta Autoridad Administrativa Independiente».
Sin embargo, ha hecho oídos sordos y ha ido más allá de forma que pretende impugnar el mandato del organismo de transparencia a través de un procedimiento judicial, y así seguir escondiendo los detalles de un escándalo que ha retrasado notablemente la mejora del servicio ferroviario del norte de España.
