Al mismo podrían asistir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez; los ministros Ángel Víctor Torres y María Jesús Montero; el jefe de Gabinete de ésta, Carlos Moreno; el exministro y presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán. Ni Aldama ni los altos cargos del Ejecutivo y del PSOE están obligados a asistir personalmente, por lo que serán sus abogados los que acudan a los juzgados de Plaza de Castilla para afrontar este trámite que, en caso de no cerrarse con un acuerdo, permitirá al PSOE llevar a la vía penal su querella contra el supuesto conseguidor de la «trama Koldo».
El acto -previsto inicialmente para el pasado 4 de marzo, fue finalmente aplazado hasta el próximo día 23 por un error en las notificaciones- se enmarca en la demanda presentada por el PSOE en representación de los miembros del Gobierno señalados por Aldama en su «confesión judicial» en la Audiencia Nacional el pasado noviembre -que le valió su puesta en libertad-, en la que solicitó la conciliación como paso previo a una querella por injurias y calumnias contra el empresario por sus acusaciones de financiación ilegal del partido al involucrarles en la supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
Aldama aseguró que Santos Cerdán percibió un sobre con 15.000 euros en compensación por haberse inmiscuido en una adjudicación correspondiente a su «cupo» en el País Vasco. Y respecto al ministro Ángel Víctor Torres, afirmó que pidió una comisión de 50.000 euros por la supuesta adjudicación a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, de contratos para la adquisición de mascarillas en Canarias durante la pandemia.
En el caso del jefe de gabinete de Hacienda, el empresario dijo que la trama pagó a Carlos Moreno 25.000 euros en agradecimiento por haber aplazado una reclamación tributaria a una de sus empresas.
El comisionista también mencionó a Pedro Sánchez, a quien dio que sí conocía y de quien aseguró que pidió hablar con él en un acto del PSOE para felicitarle por las gestiones que realizaba en México. Asimismo, hizo referencia a Begoña Gómez, con quien dijo haberse reunido para abordar un proyecto de la esposa del jefe del Ejecutivo sobre la España vaciada.
Aldama también aludió al exministro Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat, quien según su versión tenía previsto acudir a una cena con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su fugaz viaje a España pese a que tenía prohibido pisar el espacio Schengen por las sanciones de la UE al régimen de Nicolás Maduro.
Aunque el empresario también ha aludido a la entonces vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ninguno de los dos figura en la querella anunciada el pasado noviembre por el PSOE. Tras aquella como investigado en el «caso Koldo», la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -que mantenía en prisión a Aldama en la causa en la que está imputado como supuesto cabecilla en el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos- que le dejara en libertad. Esa misma noche salió de la prisión de Soto del Real.
En la demanda, los socialistas sostienen que las manifestaciones de Aldama son «absolutamente falsas difamatorias, injuriosas y calumniosas», pues atentan «de manera absolutamente grave contra el honor de importantes miembros del Gobierno y del PSOE» y de Begoña Gómez, «con una clara intencionalidad de afectar» también al Ejecutivo en su conjunto y al partido, informa Ep. Para el PSOE, su declaración judicial fue «premeditada, torticera y de una absoluta gravedad», guiada por «fines absolutamente espurios» y con una «evidente finalidad política».
La denuncia dejaba la puerta abierta a que, más allá de intereses «exclusivamente propios» existiesen motivaciones «de terceros», por lo que planteaba que su «confesión» se hubiese llevado a cabo «a cambio de precio, recompensa o promesa». El PSOE entiende que el comisionista no puede «ampararse fraudulentamente en el derecho de defensa, que permite la mentira en favor propio», para realizar esas afirmaciones, por lo que reclama a Aldama que «se retracte de lo manifestado, comprometiéndose a cesar de forma inmediata toda actividad tendente a dañar el prestigio, la imagen y el honor».
