Miles de familias se han visto afectadas por fenómenos extremos que dañan viviendas, paralizan negocios, afectan a infraestructuras esenciales y generan importantes pérdidas económicas. Esta realidad se está agravando por el aumento y la intensidad de los desastres naturales.
Durante los últimos 50 años, cuatro de cada diez personas han sido impactadas por tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor o incendios forestales, un promedio de un desastre natural por semana, con cerca de 100.000 víctimas mortales y pérdidas económicas que superan los 360.000 millones de dólares. Son datos del informe Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas, elaborado por Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), en colaboración con Mapfre y CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.
Los sistemas de prevención, alerta temprana y respuesta de emergencia ayudan hoy a salvar más vidas y reducir daños. La región ha avanzado de forma notable en prevención, protección civil y sistemas de alerta temprana, y cada vez existe mayor conciencia de la necesidad de anticiparse a estos riesgos. Así lo cree Manuel Balmaseda, economista, analista financiero y uno de los autores del informe, que destaca, que, sin embargo, los efectos de una catástrofe no terminan cuando ocurre la emergencia. Sus consecuencias pueden prolongarse durante años, afectando a las familias, frenando la actividad económica y retrasando el desarrollo de los países.
“La factura de este tipo de catástrofes repercute directamente en los hogares, las empresas y, en última instancia, el conjunto de la sociedad. Los hogares pierden patrimonio e ingresos, las empresas sufren daños e interrupciones de actividad y los gobiernos deben movilizar recursos extraordinarios. Los ciudadanos también asumen el gasto público mediante impuestos, mayor deuda o la renuncia a otros servicios e inversiones. El reto es completar esos avances incorporando sistemáticamente el riesgo de catástrofes a la planificación fiscal, territorial y financiera. Si los desastres son recurrentes, los mecanismos para afrontarlos también deben serlo”, indica.
Fondos de contingencia, seguros y alianzas
Los expertos coinciden en que uno de los grandes desafíos de la región es fortalecer su resiliencia financiera. Contar con mecanismos previamente diseñados permite disponer de recursos inmediatos cuando ocurre una catástrofe y acelerar la recuperación. Entre las herramientas más eficaces destacan los fondos de contingencia, los bonos catastróficos, las líneas de financiación de emergencia, los seguros y las alianzas público-privadas. En este ámbito, el seguro desempeña un papel fundamental. No solo ayuda a reparar viviendas o recuperar negocios, sino que aporta estabilidad financiera a familias, empresas y administraciones públicas cuando más lo necesitan. Sin estos mecanismos, buena parte del coste de la recuperación recae directamente sobre los afectados y sobre las cuentas públicas.
10 medidas clave
La Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural propone una hoja de ruta con medidas para reducir la brecha de protección (81% en la región), promover alianzas público-privadas, ampliar el acceso al seguro y mejorar los mecanismos de financiación frente a catástrofes.
La Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) ha presentado el informe a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para que pueda ser analizado en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026. Si la cumbre adopta sus propuestas, ¿cómo sabremos dentro de cinco años si ha tenido éxito?
“Un primer paso puede ser la creación de la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres, pero el principal indicador debería ser una reducción sostenida de la brecha de protección, acompañada de mayor cobertura de hogares, empresas e infraestructuras críticas, pagos más rápidos y menor presión sobre las finanzas públicas. El principal objetivo es que hogares y empresas recuperen antes su actividad y que una catástrofe no se convierta en una crisis económica y social prolongada”, destaca Manuel Balmaseda, que asegura que la resiliencia financiera ya no es una opción, es una condición imprescindible para el desarrollo sostenible de Iberoamérica.
