El 64% de las empresas en España sitúa el crecimiento como su principal prioridad para 2026, aunque el 48% prevé que la economía se mantenga estancada o se contraiga este año, como destaca el Informe Europeo de Pagos (EPR) 2026 elaborado por Intrum
La presión sobre los cobros sigue creciendo: las empresas conceden 44 días para pagar, pero cobran de media a 62 días, y el 57% reconoce que los retrasos de sus clientes las llevan también a pagar tarde a sus propios proveedores
Los pagos tardíos ya tienen impacto directo en el negocio: el 52% no ha alcanzado sus objetivos de crecimiento por esta causa, el 54% ha afrontado dificultades para contratar y el 28% ha visto frenadas sus inversiones estratégicas
La adopción de inteligencia artificial avanza con fuerza, pero sigue siendo desigual, con un 70% de las compañías que ya la utilizan en la gestión de pagos frente al 56% que admite que aún no tiene las capacidades necesarias para extraer su valor real El 29% considera que el actual régimen arancelario supone una amenaza seria para su supervivencia en los próximos doce meses, un riesgo que, según el informe, podría comprometer a 917.000 empresas y 4,9 millones de empleos en España
Las empresas españolas gastan unos 28.500 millones de euros al año en tiempo de personal dedicado a reclamar pagos.
Según apunta el Informe Europeo de Pagos 2026 de Intrum, esta cifra resume con claridad una de las principales tensiones que afronta hoy el tejido empresarial, la gestión del cobro se ha convertido en una cuestión estructural de eficiencia, liquidez y crecimiento. El informe añade, además, que la inteligencia artificial ya está ayudando a aliviar parte de esa carga, con un ahorro superior al 33% en la gestión de pagos, en un contexto en el que las compañías buscan crecer, pero siguen operando bajo un entorno de volatilidad, retrasos en los cobros y cautela financiera.
El Informe Europeo de Pagos 2026 recoge que las empresas en España mantienen una clara ambición de crecimiento pese a la incertidumbre del contexto internacional. El 64% sitúa el crecimiento como su principal prioridad para 2026, el porcentaje más alto registrado por Intrum en los últimos cinco años, y el 40% asegura haber superado sus previsiones de ingresos en 2025, frente al 34% del año anterior. Ese impulso, sin embargo, convive con una percepción más prudente del entorno: el 48% prevé que la economía se mantenga plana o se contraiga este año y el 60% expresa preocupación por la incertidumbre económica. A ello se suma que la regulación aparece como la principal inquietud para el 64% de las empresas, mientras que el coste de la financiación y las obligaciones fiscales preocupan al 63% en ambos casos.
El informe subraya, además, que las tensiones comerciales siguen pesando sobre la confianza empresarial. En España, casi una de cada tres empresas, el 29%, considera que el actual régimen arancelario supone una amenaza seria para su supervivencia en los próximos doce meses. Los datos de Intrum añaden que el 46% cree que aún no se ha alcanzado el pico de la disrupción económica derivada de estas tensiones, una percepción que asciende al 50% entre las pymes. En paralelo, el 61% de las compañías reconoce estar preocupada por la capacidad de pago de sus clientes, lo que anticipa un vínculo cada vez más estrecho entre entorno macroeconómico y presión sobre el flujo de caja. En este contexto, el informe advierte de que este escenario arancelario podría poner en riesgo a 917.000 empresas y 4,9 millones de empleos en España.
Según recoge el estudio, el deterioro de la disciplina de pagos ya es una de las principales barreras para el crecimiento empresarial. El 57% de los directivos españoles afirma estar más preocupado que nunca por la capacidad de sus clientes para pagar a tiempo. Además, la brecha entre los plazos concedidos y los plazos reales de cobro sigue ampliándose. En consumo, las empresas conceden 22 días para pagar y cobran de media a 32; entre compañías, el plazo pasa de 44 a 62 días; y en el sector público, de 54 a 60. Como apunta el informe, los plazos formales apenas han cambiado, pero los clientes tardan cada vez más en pagar. Esta tensión ya tiene efectos directos sobre la actividad. El 52% de las empresas afirma que no ha alcanzado sus objetivos de crecimiento por culpa de los pagos tardíos o los impagos, el 54% asegura haber afrontado dificultades para contratar y el 28% señala que esta situación ha frenado sus inversiones estratégicas en los últimos doce meses. Según resume Intrum, los retrasos en los pagos han dejado de ser una fricción administrativa para convertirse en un freno real al crecimiento.
El informe añade, además, que este problema genera un efecto arrastre sobre toda la cadena de pagos. El 57% de las empresas españolas reconoce que los retrasos en los cobros también las han llevado a pagar tarde a sus propios proveedores. Intrum advierte también de que las empresas operan ya al límite del volumen de ingresos retrasados que consideran asumible. En España, el porcentaje actual de ingresos cobrados tarde se sitúa en el 11,26%, prácticamente en línea con el umbral máximo que las compañías consideran sostenible, fijado en el 11,27%. Además, el 55% espera que el riesgo de pagos atrasados o impagos aumente durante los próximos doce meses.
