Un tribunal de Washington concluye que la Federación Española de Fútbol y el combinado nacional son entidades jurídicas distintas del Estado, mientras los fondos intensifican su ofensiva internacional para cobrar más de 2.300 millones en laudos pendientes
Los acreedores de los recortes de las renovables apuntan al embargo del Falcon o de un contrato de misiles con EE UU
La batalla judicial abierta por los recortes a las energías renovables aprobados por España en 2013 ha encontrado un nuevo escenario en torno a la selección española de fútbol. Un tribunal federal de Estados Unidos ha rechazado que los acreedores internacionales del Estado puedan perseguir activos vinculados al combinado nacional al considerar que ni la selección ni la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pueden identificarse jurídicamente con el Reino de España.
La resolución, firmada el pasado 22 de junio por el juez John D. Bates, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, supone un revés para el fondo Blasket, uno de los inversores que obtuvieron indemnizaciones internacionales contra España tras los cambios regulatorios introducidos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque el magistrado reconoce el derecho de los acreedores a investigar y localizar bienes susceptibles de embargo relacionados con el Estado español, descarta que puedan extender automáticamente esa búsqueda a la selección nacional o a la Federación.
El juez sostiene que ambas entidades constituyen personas jurídicas diferenciadas y que no existen pruebas suficientes para considerarlas una prolongación del Estado. La decisión responde a uno de los frentes más llamativos de la ofensiva desplegada por los fondos internacionales para ejecutar los laudos arbitrales obtenidos tras más de una década de litigios.
La celebración del Mundial de fútbol de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México ha añadido una dimensión inédita a esta estrategia. Los fondos consideran que la presencia de organismos públicos, patrocinadores, proveedores y flujos económicos relacionados con España durante el torneo puede abrir nuevas vías de investigación patrimonial en territorio estadounidense.
Ante ese escenario, la RFEF decidió intervenir directamente. La institución presidida por Rafael Louzán remitió recientemente una carta a representantes de los acreedores en la que solicita que la selección quede al margen de cualquier actuación relacionada con la ejecución de los laudos. La Federación defiende que sus activos no pertenecen al Estado y expresa su preocupación por las consecuencias que la controversia pueda tener sobre la preparación deportiva del equipo nacional.
La decisión del juez Bates introduce ahora un límite relevante a esa estrategia al excluir, al menos por el momento, a la selección española y a la Federación del perímetro de bienes potencialmente afectados. Sin embargo, la resolución no impide que los acreedores continúen buscando activos estatales en Estados Unidos.
En este sentido, uno de los abogados que representan los intereses de varios fondos afectados, Matthew Mcgill, ha indicado que aunque «esta no es la decisión que esperaban los acreedores, las órdenes dictadas confirman que, hasta que España satisfaga las sentencias emitidas por los tribunales estadounidenses, los acreedores mantienen el derecho a solicitar información amplia sobre los activos y pagos de España en todo el mundo».
«Esa información será utilizada para localizar bienes del Estado español allí donde se encuentren y promover su embargo cuando proceda. Las limitaciones puntuales impuestas por los tribunales a estas labores de obtención de información no protegen a España frente a futuras acciones de ejecución y, además, podrán ser revisadas si España persiste en su negativa a cumplir con sus obligaciones internacionales», ha añadido.
