No obstante, el Ministerio de Seguridad Social pide prudencia al analizar estas cifras, ya que una gran parte de los expedientes sigue en tramitación y todavía es pronto para medir su efecto definitivo sobre el mercado laboral.
Según los últimos datos disponibles, a 30 de julio había 262.475 inmigrantes regularizados dados de alta en la Seguridad Social. De ellos, cerca de 214.000 trabajaban como asalariados, 12.700 como autónomos, 21.700 en el Sistema Especial Agrario y unos 14.000 en el de Empleo de Hogar.
Además, 159.097 de estos trabajadores procedían de la economía sumergida, lo que supone el 60,6% de las nuevas afiliaciones generadas por la medida.
Más del 40% del empleo creado en un año
La regularización ha tenido un peso relevante en el crecimiento del empleo. Entre julio de 2025 y julio de 2026, la afiliación media aumentó en 642.562 personas hasta superar los 22,5 millones de ocupados.
Los 262.475 trabajadores incorporados mediante este proceso representan el 40,8% de todo el empleo neto generado en ese periodo. Por su parte, los 159.097 trabajadores aflorados de la economía informal equivalen al 24,8% del aumento total de la afiliación.
Impacto limitado en las cuentas de la Seguridad Social
Pese al impulso sobre el empleo, la AIReF considera que el efecto de la regularización en la sostenibilidad financiera del sistema será reducido. Según sus estimaciones, aportará un 0,07% del PIB en cotizaciones durante el primer año, alrededor de 1.300 millones de euros.
La contribución aumentará progresivamente hasta alcanzar un máximo del 0,11% del PIB en 2030, unos 2.300 millones de euros, pero a largo plazo se moderará hasta una media cercana al 0,03% del PIB, equivalente a unos 530 millones anuales.
La AIReF explica que gran parte de este efecto responde a un adelanto de cotizaciones de trabajadores que previsiblemente habrían regularizado su situación por la vía ordinaria en los próximos años. Además, sus bases de cotización previstas son relativamente bajas, reflejo de empleos con salarios reducidos, mayor rotación y una elevada presencia de jornadas parciales.
Presión creciente del gasto en pensiones
El organismo supervisor advierte de que estos ingresos adicionales están lejos de compensar el aumento previsto del gasto en pensiones. La AIReF estima que esta partida superará los 200.000 millones de euros en 2026 y pasará del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050.
Por ello, considera que los mayores ingresos derivados de la reforma de pensiones no bastarán por sí solos para equilibrar el sistema. Según sus cálculos, las transferencias del Estado a la Seguridad Social podrían aumentar desde el 2% actual del PIB hasta el 4,7% en 2050, lo que obligará a futuras decisiones sobre financiación, gasto público o nuevas reformas del sistema de pensiones.
