Se trata del mecanismo por el que serán reequilibrados los presupuestos de los distintos contratos, fórmula en la que trabaja Ineco. Se prevén centenares de millones en sobrecostes sobre los 4.510 millones de euros adjudicados (5.235 millones si se incluyen los acuerdos de mantenimiento). Todos los pedidos han sido impactados por la inflación en los materiales de fabricación, la energía o los salarios.
Estas firmas industriales llevan más de año y medio negociando una revisión de precios, tanto con Renfe como con los Ministerios de Transportes y de Hacienda, que no estaba contemplada en sus contratos y cuya ausencia pone en riesgo la viabilidad de unos pedidos que son clave para mejorar la calidad de los servicios de Renfe. Fuentes de las empresas implicadas dan ya por descontado que se dará el demandado reequilibrio económico, con el amparo de la nueva Ley del Sector Ferroviario, pero está por verse el alcance del mismo. La fórmula, que alguna de las afectadas esperaba antes del verano, debería ser concluida por la citada Ineco, por encargo directo de Renfe, en las próximas semanas.
Los fabricantes realizaron sus ofertas teniendo en cuenta costes de 2019. Pero la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, con la consiguiente crisis energética y logística, o la falta de suministros, dispararon la factura del acero, aluminio, cobre o de los propios componentes electrónicos.
Alstom tiene en ejecución parte de la renovación de los trenes de Cercanías, con 152 unidades de gran capacidad por 1.447 millones, incluido el mantenimiento durante 15 años, el suministro de piezas, el almacén de los repuestos y sus utillajes.
De los talleres de CAF deben salir 31 trenes de ancho métrico, 6 alpinos, 60 trenes eléctricos de Media Distancia y 29 de Cercanías por un montante superior a los 1.000 millones. En manos de Talgo está el encargo de 40 cabezas motrices, por 281 millones, para crear nuevas composiciones de alta velocidad. Y Stadler debe entregar 59 unidades de Cercanías por 988 millones. Aguas abajo, la tensión en los precios estrangula a los proveedores.
El paraguas legal abierto para que la Intervención General acepte la revisión de precios figura en una disposición adicional de la Ley del Sector Ferroviario (26/2022 de 19 de diciembre), alcanzando al material rodante destinado a las obligaciones de servicio público (OSP). De este modo, se reconocía el efecto de la inflación en los pedidos de Renfe, de igual modo que hizo el Ministerio de Transportes con los contratos de obra pública. Quedan fuera de la revisión el alza de los costes laborales y el de la energía. Y la cuantía máxima en que serán modificados los contratos no excederá del 20% del importe de licitación. Está por verse si la revisión alcanzará al pedido de Talgo si es que sus máquinas no van a las OSP.
La fórmula de reequilibrio que proponga Ineco tendrá que pasar los filtros de Hacienda y Transportes. Distintas fuentes explican que los fabricantes deberán calcular los sobrecostes y aportar el informe de un auditor externo. También está previsto que el pago extra a estas empresas sea cubierto por Transportes a través de un incremento de las compensaciones que recibe Renfe por sus servicios públicos.
La operadora lanzó el que es su mayor plan de inversión con Táboas en la presidencia. En una decisión clave para la industria, los concursos siguieron en pie pese a la pandemia, con lo que los fabricantes se hicieron con una cartera de trabajo que ha resultado vital, pero que amenaza con pérdidas.
