Los fallos, que suman más de 469 millones de euros, afectan a los arbitrajes presentados por los fondos RREEF (59,6 millones), 9REN (41,7 millones), Watkins (77 millones) y NextEra (290,6 millones).
El juez ha rechazado los argumentos de inmunidad soberana planteados por la Abogacía del Estado y ha dado la razón a los demandantes en cuatro procedimientos de ejecución de laudos arbitrales, a los que se añadirán intereses y costas. En su resolución, el magistrado recalcó que España no puede ampararse en la inmunidad soberana para eludir la ejecución de laudos vinculantes y criticó la estrategia procesal del Estado, a la que calificó de «poco útil y gravosa». El tribunal también desestimó la intervención de la Comisión Europea en apoyo a España, al considerarla «irrelevante y repetitiva», e impuso costas contra ambas instituciones.
Un portavoz de las compañías afectadas aseguró tras el fallo que la decisión «lanza un mensaje claro: España no puede escudarse en la inmunidad para eludir sus obligaciones. Los inversores tienen derecho a la protección del derecho internacional y los jueces lo están confirmando».
El Gobierno logró en junio un acuerdo para liquidar el laudo correspondiente a la japonesa JGC, lo que apuntaba a una posible vía de negociación. Sin embargo, la falta de avances en el resto de procedimientos mantiene a los inversores en la senda de los embargos internacionales.
Con esta última sentencia, España suma ya 26 derrotas en los tribunales internacionales por este asunto y se consolida como el mayor moroso mundial en arbitrajes de inversión, con más de 1.400 millones de euros en laudos pendientes de pago, que ascienden a 1.870 millones de dólares si se incluyen intereses y gastos judiciales. Solo en el último mes, el Estado ha perdido procedimientos en Bélgica, Estados Unidos y ahora en Australia.
