La justicia del país ha fallado de nuevo contra España en el marco de la batalla legal derivada de la retirada retroactiva de las primas a las renovables, además de reconocer una deuda pendiente de pago de 34 millones de euros, dentro del caso de la japonesa JGC Corporarion, que presentó una denuncia contra el estado español el año pasado.
El Tribunal del Distrito de Columbia, a través del juez Rudolph Contreras, ha ordenado el cumplimiento del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, en favor de JGC Corporation, consolidando esa obligación de pago de 36,1 millones de dólares (unos 34 millones de euros).
«Por las razones publicadas en la sentencia de esta misma Corte emitida el 26 de septiembre de 2024, se ordena que el laudo arbitral emitido el 9 de noviembre de 2021 por el Ciadi, en el marco del caso ARB/15/27 (JGC Corporation vs Reino de España) se cumpla en los tribunales estadounidenses del mismo modo que si estuviésemos hablando de una sentencia final emitida por cualquier magistratura de nuestro país», señala en su fallo.
El fallo se enmarca en una serie de más de 50 litigios internacionales de arbitraje iniciados por inversores que confiaron en los incentivos ofrecidos por España para desarrollar energías renovables. Hasta la fecha se han emitido en torno a 25 laudos que condenan a España a indemnizar a las empresas afectadas con 1.562 millones de euros. A esta cifra hay que sumarle 326 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros, cifra que incluye las condenas en costas, los intereses de demora o la contratación de consultores y abogados por parte de la Abogacía del Estado. Por otra parte, las mismas fuentes destacaron que el daño para la economía española derivado de la inseguridad jurídica que están provocando los impagos se estima en torno a los 7.340 millones de euros para el periodo 2023-2024.
