Como explican desde la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz ha ordenado a la UCO que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido.
Para el magistrado la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.
Estas medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.
El juez dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, María Leire Diez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado.
Igualmente, el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del tribunal Central de Instancia considera que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.
Ana María Fuentes Pacheco, nacida en Ronda (Málaga) hace 54 años, se convirtió en directora gerente del PSOE en octubre de 2021, a propuesta del hoy encarcelado Santos Cerdán. Tras la dimisión de este como secretario de Organización del Partido Socialista, días después de estallar el caso Koldo, Pedro Sánchez la nombró miembro de la Secretaría de Organización. Este miércoles, ha sido imputada por pagos a la fontanera Leire Díez con facturas que la UCO cree falsas, lo que podría acarrerar un delito de falsedad documental.
En el pasado, su nombre ya estuvo asociado a la polémica al aparecer vinculada a una autoescuela en su localidad natal que recibió cerca de medio millón de euros en subvenciones públicas otorgadas por la Junta de Andalucía entre 2006 y 2011, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la presidencia.
Se trataba de Las Palmeras de Ronda SL, un negocio familiar donde también figuraban el marido y su hermana, que recibió miles de euros de ayudas siendo ya diputada destinados a programas de formación para desempleados que salieron bajo el mandato de aquellos altos cargos socialistas condenados en el caso de los ERE.
Licenciada en Derecho, directora del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga entre 1998 y 2000 y concejal en Ronda entre 2007 y 2009, ocupó cargos en el Parlamento andaluz y también en el Congreso de los Diputados, donde compartió escaño con Sánchez. Una relación que la llevó a escalar puestos de responsabilidad en la estructura de Ferraz. Cuando Cerdán sustituyó a José Luis Ábalos como secretario de Organización, llegó al cargo de gerente, desde el cual ahora ha sido imputada por la Audiencia Nacional en el marco del caso Leire Díez.
Las imputaciones de esta malagueña y de otro histórico del socialismo andaluz, Gaspar Zarrías, se han conocido el mismo día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
Respecto de Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.
También se están realizando registros en los domicilios en Madrid de Zarrías y Santos Cerdán, así como del empresario Pérez Dolset.
En una publicación en redes sociales, el PSOE explica que «ha recibido un requerimiento de documentación del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, en el marco de un procedimiento declarado secreto y ajeno a financiación ilegal. Por supuesto, dicha solicitud de requerimiento, no de registro, ha sido atendida con plena colaboración del partido. El PSOE mantendrá siempre una posición de máxima colaboración con la Justicia y de respeto absoluto a las actuaciones judiciales».
