Lejos de asumir errores, Pedro Sánchez ha optado por una estrategia de defensa basada en la negación sistemática, el distanciamiento oportunista y el ataque a quienes investigan o informan.
Resulta difícil de sostener que quien ha construido su liderazgo apoyándose en figuras como Ábalos o Santos Cerdán pretenda ahora reducirlo todo a una simple traición personal de subordinados. No estamos ante colaboradores lejanos ni decisiones marginales: hablamos de personas clave designadas directamente por el propio presidente. Pretender que todo fue un engaño del que él fue víctima no solo resulta poco creíble, sino que supone una renuncia explícita a cualquier responsabilidad política, que no depende del conocimiento directo de los hechos, sino de la capacidad de control y supervisión del poder.
Más allá de esto, el recurso constante al “lawfare” o a la supuesta persecución mediático-judicial introduce un elemento aún más preocupante: el intento de deslegitimar las instituciones cuando los hechos resultan incómodos. Al presentar las investigaciones como maniobras de derribo, el presidente no solo se defiende a sí mismo, sino que pone en cuestión el funcionamiento del Estado de derecho, erosionando la confianza en la justicia y en los mecanismos de control democrático.
En el plano personal, la defensa cerrada de su entorno familiar, acompañada de ataques a jueces y medios, agrava la sensación de que se confunden los planos institucional y privado. En lugar de reforzar la transparencia y permitir que las investigaciones sigan su curso con normalidad, se opta por una narrativa victimista que desplaza el foco y evita afrontar el fondo del problema.
Pero lo más grave no es el tono, sino el mensaje final: la afirmación de que la única respuesta posible es continuar. Esa idea convierte la rendición de cuentas en algo irrelevante y transmite que el poder no se cuestiona, se resiste. En una democracia madura, los escándalos de esta magnitud deberían implicar no solo explicaciones, sino también consecuencias políticas claras.
En definitiva, la comparecencia no cierra la crisis: la profundiza. Porque cuando un líder rehúye toda responsabilidad, no solo se protege a sí mismo, sino que debilita el principio fundamental sobre el que se sostiene la confianza ciudadana: que quienes gobiernan responden por lo que ocurre bajo su mandato.
