Según los últimos datos elaborados por el INE, España acumula cerca de un 27% de inflación desde 2018, lo que implica que 100 euros ahorrados entonces tienen hoy un poder de compra inferior a 79 euros.
Es decir, la inflación lleva más de un año por encima de la media de la eurozona y atribuye esta situación a decisiones de política económica relacionadas con el aumento del gasto público, la presión fiscal y una regulación que limita la capacidad productiva de sectores como la energía, la agricultura, la ganadería y la vivienda.
Entre los efectos más visibles destacan el encarecimiento de los alimentos, la vivienda y los servicios básicos. Así, los salarios reales no han evolucionado al mismo ritmo que los precios, provocando una pérdida de poder adquisitivo para las familias.
Además, la inflación de noviembre sirve de referencia para actualizar las pensiones, lo que incrementa el gasto público y añade presión sobre las cuentas del Estado.
En concreto, la inflación armonizada española se mantiene por encima de la media de la eurozona y de otras grandes economías como Alemania, Francia e Italia. Esta diferencia, resta competitividad a las empresas españolas y amplía la brecha de costes respecto a sus socios europeos.
Y lo peor es que la persistencia de esta inflación más elevada no puede explicarse únicamente por factores internacionales, ya que el resto de países europeos afrontan un contexto externo similar.
Mientras los hogares soportan mayores costes, la recaudación tributaria ha alcanzado máximos históricos. Parte de este incremento tiene su origen en la llamada «progresividad en frío», por la que los contribuyentes pagan más impuestos al aumentar sus ingresos nominales, aunque su capacidad adquisitiva real no mejore.
Por otra parte, la política energética y la carga regulatoria son factores que contribuyen al aumento de costes.
De esta manera, la combinación de inflación acumulada, pérdida de poder adquisitivo, elevada presión fiscal y costes energéticos está reduciendo la renta disponible de familias y empresas.
En este contexto, la deflactación de los impuestos, una menor carga fiscal sobre la energía y una simplificación regulatoria deberían favorecer la producción y contener los precios y corregir esta situación insostenible para muchos ciudadanos.
